El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
La decisión se produjo luego de que el Partido Colorado, colectividad oficialista, respaldara el juicio político en su contra, mientras la Cámara de Diputados aprobó su destitución por 78 votos a favor y ninguno en contra. El proceso deberá continuar en el Senado, que también debe pronunciarse sobre la dimisión del mandatario.
Qué es el caso Ueno Bank por el que renunció el presidente de Paraguay
El escándalo se originó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La medida implicó la intervención de la entidad y la suspensión de sus operaciones, en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Además, el banco mantenía cerca de US$850 millones en depósitos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que elevó la preocupación por el destino de los fondos estatales y previsionales.
Las sospechas sobre la entidad apuntan principalmente a los préstamos otorgados a empresas vinculadas a sus propietarios, el Grupo Vázquez, que habrían superado los límites establecidos por la normativa.
El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti sostuvo que el crecimiento de Ueno estuvo marcado por una agresiva estrategia comercial y el uso de fondos públicos. “Después empezó este proceso de desvío de fondos hacia empresas vinculadas al grupo, que es lo que terminó en esta situación”, afirmó. Asimismo, indicó que los créditos relacionados habrían alcanzado US$628 millones, muy por encima del límite legal estimado en US$80 millones.
En paralelo, la crisis alcanzó directamente al Ejecutivo debido a los vínculos comerciales que Peña mantuvo con el conglomerado controlador del banco.
El mandatario fue accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, antecedente que llevó a la oposición a cuestionar posibles conflictos de interés y eventuales favorecimientos regulatorios. En su mensaje de renuncia, Peña no abordó directamente las acusaciones y sostuvo: “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.
La presión política aumentó luego de que Horacio Cartes, expresidente y líder del Partido Colorado, anunciara el respaldo de la colectividad al juicio político para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
La investigación judicial también avanzó tras el colapso financiero. La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de Ueno y reportó la imputación de 27 personas por presuntas irregularidades en operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
Entre los involucrados se encuentra Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez, quien se entregó a la policía luego de que se emitiera una orden de captura en su contra. Su abogado, Álvaro Cáceres, calificó la medida como “injusta” y denunció una “desigualdad procesal”, adelantando que solicitará el arresto domiciliario. Mientras tanto, el futuro institucional de Paraguay dependerá de las decisiones que adopte el Congreso respecto de la renuncia y el juicio político de Peña.
