Diputados de la Concertación ingresaron este jueves a la Contraloría General de la República una solicitud formal para que esta instancia instruya un sumario administrativo al superintendente de Bancos, Carlos Budnevich, con el fin de esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas en las que habría incurrido la autoridad, relacionadas con el principio de probidad.
Así lo informó el diputado DC, Fuad Chaín, quien explicó los alcances del documento firmado además por los DC Carolina Goic, Pablo Lorenzini, Gabriel Ascencio, Ricardo Rincón, el socialista Carlos Montes, el PPD Pepe Auth y el independiente Miodrag Marinovic.
A juicio de Chaín, el superintendente de Bancos “ha faltado a la verdad”, en la información que entregó a la Comisión de Hacienda y Economía de la Cámara, en la que habría negado el flujo de información con la Asociación de Bancos en el proceso de elaboración de las circular de noviembre, respecto a las llamadas “ventas atadas”.
“Las circulares del mes de noviembre que modificaron las de septiembre respecto a las llamadas ‘ventas atadas’, tenían como requisito que éstas fueran con un beneficio al consumidor, es decir, que el valor del crédito hipotecario más la tasa del producto contratado conjuntamente fuera inferior al valor del crédito hipotecario si se contrataba en forma individual”, explicó el parlamentario, agregando que esto “no existe en la circular del mes de noviembre, por lo tanto, el superintendente fue a dar una información a ambas comisiones que era falsa”.
El diputado precisó que, en un principio el superintendente de Bancos, señaló que la Asociación de Bancos no había tenido ninguna participación en el proceso de elaboración de las circulares de noviembre, sin embargo, con el paso del tiempo reconoció que existieron por lo menos seis reuniones entre ambas instituciones, en un periodo de dos meses, argumentando que se trataba “de un proceso amplio de consulta a los bancos”.
“La pregunta que se tienen que hacer es por qué los bancos participaron en la elaboración de las circulares de noviembre y no las de septiembre, por qué este deber del superintendente de consultar a su regulado para modificar circulares que beneficiaban a los consumidores por unas que restringían esos beneficios”, se preguntó Chaín.
En la misma línea, señaló que “a nosotros nos parece grave, desde el punto de vista de la función del superintendente, de la credibilidad, de la legitimidad, pero más grave es haberle mentido a dos comisiones de la Cámara de Diputados, que haya ocultado información y eso a nuestro juicio es una infracción a la ley de probidad y la Contraloría tiene que investigar su responsabilidad administrativa”.
