“Júzgueme y pídame el cargo”. Así respondió José Antonio Kast, el 24 de septiembre de 2025, a la pregunta de si era una mentira prometer un recorte de US$6.000 millones en 18 meses. La consulta —hecha por la periodista Soledad Onetto— provenía de un emplazamiento que ya era recurrente en los debates presidenciales. Evelyn Matthei, su rival en ese momento, había insistido en foros y en actos de campaña en que era imposible realizar un ajuste fiscal de esa magnitud sin afectar el gasto social.

Un año después, con el primer Presupuesto del Presidente Kast en el Congreso, Matthei reflotó aquella crítica. “Soy economista, sabía que esto iba a suceder”, dijo la militante UDI.

El emplazamiento de la ex candidata se dio en medio de la controversia que provocó la decisión de Hacienda de descontinuar “Yo elijo mi PC”, programa que permite entregar alrededor de 96 mil computadores para estudiantes de sectores vulnerables.

El mismo proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que deja sin recursos ese programa expande el gasto en un 1,5%, no consigna —según reclama la oposición— el recorte comprometido y pide autorización de deuda por hasta US$25.000 millones.

Con él, además, se instala una pregunta que todo mandatario entrante enfrenta: cuánta distancia hay entre lo prometido en campaña y lo posible con las cuentas que se heredan. 

Tres analistas consultados por EL DÍNAMO la responden: Juan Pablo Lavín, director de Panel Ciudadano; Sebastián Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y Fernando López Balboa, coordinador del programa Economía y Sociedad del Instituto Res Publica.

Dos promesas, una misma caja

En campaña, Kast sostuvo que US$3.000 millones del ajuste llegarían por vía administrativa y otros US$3.000 millones requerirían el respaldo del Congreso, y aseguró que no afectaría beneficios sociales como la PGU. 

Hoy el Presupuesto 2027 crece 1,5% respecto de la ejecución proyectada para este año. Medido contra la ley 2026, la expansión es de 2,7%, y de 3,5% frente al presupuesto base que incluye el reajuste. 

Hacienda, ante la presión por responder dónde está el recorte fiscal, ha precisado que los US$6.000 millones corresponden a un “ahorro proyectado” y no a una reducción nominal del gasto actual.

Para Lavín, esa precisión es parte del problema. “Puede ser técnicamente correcto, pero se lee como un cambio de promesa que revela su incumplimiento”, afirma. 

El director de Panel Ciudadano sostiene que el riesgo de prometer cifras y plazos es que “US$6 mil millones en 18 meses tienen una sola lectura”, lo que facilita a la oposición reclamar con algo concreto. “Al Gobierno le habría costado menos decir derechamente que la economía se deterioró y hoy la prioridad es el empleo”, afirma.

Las críticas son transversales. El excandidato presidencial Franco Parisi preguntó si el ahorro “era una metáfora”, y el exministro de Economía Álvaro García habló de “una nueva metáfora”. A ellos se sumó Matthei, ex abanderada de Chile Vamos, quien insistió en que era imposible recortar esa cifra sin afectar el gasto social.

A eso se suma la deuda. El proyecto pide autorizar endeudamiento por hasta US$25.000 millones, más otra autorización separada de US$600 millones. La ley 2026 contemplaba US$17.400 millones, y con la ampliación de US$6.200 millones que pidió este año el Gobierno, el límite vigente es de US$23.600 millones. 

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha explicado que cerca de US$17 mil millones sirven para pagar deuda existente, que la deuda neta nueva es de unos US$8 mil millones y que la deuda pública se mantendrá en 42,5% del PIB.

Para Salazar, esa combinación convierte al Presupuesto 2027 en “la primera prueba de fuego en materia de política fiscal” para el Gobierno. 

El académico recuerda que la mayoría de los analistas y varios dirigentes advirtieron en campaña que la promesa era imposible sin recortar programas sociales, y que el contexto económico es hoy más adverso: el INE informó el 30 de septiembre una desocupación de 9,6% en junio-agosto, un punto más que un año antes y el Gobierno debió adecuar nuevamente su proyección de crecimiento esta vez al 0,7%, una de las peores cifras de las últimas cuatro décadas.

 A juicio de Salazar, el Presupuesto mostrará si Kast y Quiroz mantienen su visión de austeridad y de impulso a la oferta, o si, por el empleo, deberán recurrir a gasto público por otra vía. Y anticipa que, si no se cumple la promesa, quienes la cuestionaron “van a reflotar el se los dijimos”, tal como lo hizo Matthei. 

El contexto que pone a prueba a Kast

López Balboa, de Res Publicam ofrece una lectura diferente. “El Presidente Kast ha enfrentado una realidad mucho más difícil de la que se esperaba, y no por falta de planificación”, sostiene. Y cita la guerra en Medio Oriente, que ha afectado el consumo, y una crisis laboral que “se ha tornado más grave de lo esperado”. 

Para el investigador, otro factor que pesa hoy es el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Gabriel Boric, que sufrió “la mayor desviación de la meta fiscal de los últimos 35 años”. 

Para López Balboa, esos factores no han permitido ajustar como se pensaba en campaña, “problema que habría enfrentado todo candidato que hubiera ganado el año pasado”.

Sobre el costo en credibilidad, plantea que dependerá de cómo se explique a la ciudadanía la debilitada situación fiscal heredada y de la capacidad de mostrar resultados concretos a corto plazo.

Lavín, por su parte, releva que la promesa de los US$6.000 millones le importa sobre todo “a la gente más politizada”, que ya tiene opinión formada, y quienes mueven la aprobación “no hacen su evaluación con la planilla de Hacienda en la mano”. 

Distinto es lo que sucede con “Yo elijo mi PC”. El programa, creado en 2009 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, entregó equipos a 96.100 estudiantes este año, con recursos cercanos a los $35 mil millones. En febrero de 2021, durante su segunda campaña presidencial, Kast propuso un computador con acceso a internet para cada niño de la educación pública y escribió que la inversión “vale la pena”.

El Ejecutivo defiende la decisión con un argumento de evaluación. El martes, el Presidente dijo que había que ver “dónde invertir mejor” y la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que las evaluaciones disponibles no muestran impacto en los objetivos de aprendizaje del programa. 

La medida, sin embargo, no tiene piso en el oficialismo donde la reflexión es que el costo político es mucho mayor al beneficio fiscal que podría significar descontinuar el programa.

Para Lavín, ahí está el riesgo real. “Cortar algo como ‘Yo Elijo mi PC’ le pega mucho más a la confianza que no llegar a una cifra macroeconómica”, dice, agregando que el tema “es paradójico, porque en lo fiscal esos programas pueden ser marginales, pero un computador que una familia esperaba para su hijo se entiende de inmediato”.

Un test que no es nuevo

El Presupuesto, coinciden los tres, siempre ha puesto a prueba a los presidentes entrantes. 

Lavín recuerda que a Boric le pasó con Marcel, que terminó siendo “el ancla fiscal” de un gobierno que había llegado con un programa refundacional, y que su agenda se fue moviendo hacia la seguridad. 

Lo que ha cambiado es el margen: hace quince años la deuda pública era mínima y había espacio para cumplir primero y ordenar las cuentas después. Hoy la deuda está cerca del 40% del PIB —Hacienda la sitúa en 42,5%— y el Congreso está tan fragmentado que cada partida se negocia hasta el último día de tramitación.

López Balboa también hace la comparación con Boric recordando que el expresidente tuvo que ajustar radicalmente sus promesas, que implicaban un gasto muy elevado, como condonar el CAE, ampliar la gratuidad universitaria y un transporte urbano gratuito. 

Kast, en cambio, busca disminuir el gasto “para resguardar cómo el Estado gasta la plata de todos los chilenos”, dice el investigador de Res Publica. 

A su juicio, el equilibrio fiscal dejó de ser prioridad tras la crisis de 2008, pero un mal manejo supone deuda y compromete los recursos futuros.

Lavín advierte, eso sí, que no hay que sobrestimar el peso inmediato en la opinión pública. El Presupuesto, plantea, es un test para el mundo político y los mercados, y la gente lo evaluará más adelante, cuando vea si mejora el empleo o si un programa que usaba dejó de existir.