La empresa La Polar presentó ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de estafa en contra de quienes resulten responsables por el descalabro generado en la compañía.
En el libelo aparecen mencionados en el ex presidente del directorio Pablo Alcalde; el ex gerente general, Nicolás Ramírez; la ex gerente corporativa de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y todos quienes aparezcan implicados en la declaración de antecedentes falsos y la disimulación de los estados financieros de la firma.
En ese marco, la acción penal está firmada por el actual presidente del directorio César Barros y solicita investigar a quienes fueron parte de esa entidad como directores, hasta su renuncia. De acuerdo al escrito acusatorio, la empresa cree que ellos son los principales responsables por el manejo ilegal de las carteras de crédito.
En 56 carillas los abogados de La Polar, representados por el jurista Davor Harasic, plantean que estos requerimientos sean hechos llegar por el tribunal hasta el Ministerio Público, que lleva adelante una investigación desde hace tres semanas, a cargo de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Se espera que en los próximos días el fiscal José Morales, a cargo de la indagatoria, desarrolle extensas jornadas de interrogatorio con los ex ejecutivos de la empresa y, especialmente, con quien fue su presidente Pablo Alcalde
También se presentó una solicitud, ante la Justicia Civil, para preparar una acción en contra de la empresa auditora PriceWaterHouse Coopers por su responsabilidad en los hechos al no haber detectado ninguna irregularidad durante todos los años que auditó a La Polar.
“Desde que asumí hace una semana hemos dado inicio a una dura pero decidida etapa refundacional de La Polar que tiene como prioridad el resolver, de una manera justa, las situaciones que puedan haber afectado a todos aquellos clientes morosos que fueron repactados unilateralmente. La propuesta presentada al Sernac el viernes pasado busca equilibrar el costo que implica la respuesta que merecen aquellos clientes, con la necesidad de asegurar la viabilidad de la compañía y, por lo tanto, proteger a los más de 8 mil trabajadores que nada tuvieron que ver con las malas prácticas conocidas en las últimas semanas“, sostuvo el nuevo presidente de la compañía, César Barros.
“Compensar a nuestros clientes es prioritario para nosotros, así como establecer las instancias y lograr los acuerdos necesarios con los accionistas, acreedores y proveedores, que han sido afectados como consecuencia de estas malas prácticas”, agregó.
