Este viernes 2 de octubre se cumple el plazo para que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decrete el cese en el cargo de 35 notarios, archiveros y conservadores que tienen más de 75 años, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó los argumentos por los que el Tribunal Constitucional (TC) debería rechazar las demandas presentadas por cinco de ellos, que invocaron la Ley Zamudio para impugnar la medida.
Tal es el caso del conservador de Santiago, Luis Maldonado (81); la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery (76); el conservador de Pozo Almonte, Enso González (80); la notaria de Las Condes, Linda Bosch, y la notaria de La Calera, Lidia Chahuán, quienes objetaron ante los tribunales la reforma notarial que los obliga a jubilar por tener más de la edad establecida en la ley.
De igual forma, todos ellos emplearon esas mismas demandas como gestión pendiente para requerir de inaplicabilidad ante el órgano del Estado, con el propósito de que se suspenda provisionalmente el acto que los forzaría a dejar sus cargos.
Cuánto ganan los notarios en Chile
Si bien parece natural que alguien que se encuentra en la plenitud de sus facultades desee seguir trabajando más allá de la edad de jubilación (60 años para mujeres y 65 para los hombres), en el caso de los notarios adquieren especial relevancia dos factores muy claros.
Tal como explicó el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, “la competencia está limitada porque el número de notarios es fijo y, como resultado, las rentas son grandes“.
“Los notarios ganan en promedio $14 millones al mes, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) que consideran a todos los notarios“, dijo el docente cuando aún se tramitaba la reforma en el Congreso.
En aquella ocasión, recalcó que en el caso de “los notarios que están en Santiago Centro, ganan $24 millones al mes. No es poco, los deja en el 0,3% de ingresos más altos de Chile“.
“Cuando tú tienes un número fijo de notarios, obviamente estás dejando rentas tan importantes como estas“, añadió, evidenciando el motivo por el que los dos conservadores y tres notarios no desean que se los obligue a jubilar, a pesar de que tienen más de 75 años.
Argumentos del CDE para que se rechacen demandas de notarios
Frente a la demanda presentada por los representados por el exministro del TC Gonzalo García, el CDE envió al TC un informe que incluye los argumentos para que se rechace lo solicitado por los notarios.
De acuerdo con lo expuesto por el citado medio, el consejo planteó que “los demandantes pretenden continuar desempeñando un cargo para el cual la ley ha fijado un límite de edad que debe aplicárseles a todas las personas que se encuentren en la misma situación“, según detalló La Tercera.
En esa línea, planteó que “el límite de edad dispuesto por la ley viene a igualar la situación de notarios y conservadores con todos los demás cargos de auxiliares de la administración de justicia“.
“Dicho parámetro guarda estricta armonía con el límite de 75 años establecido en la propia Constitución para los jueces del Poder Judicial, fiscales, ministros del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República”, argumentó el CDE, que preside la consejera Ana María Hübner.
“La demanda esgrimida por los notarios y conservadores pretende sostener una impugnación impropia de una ley aprobada democráticamente“, complementó el informe que se le envió al TC.
Recordó a la vez que “los demandantes ya participaron en la discusión en la instancia legalmente dispuesta para ello, es decir, durante el debate normativo llevado a cabo en el Congreso. Haber participado y tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento legislativo implica que los reparos e inquietudes quedaron resueltos en dicha sede democrática, sin que sea procedente reabrir la discusión ni pretender una vía de revisión ulterior ante los órganos jurisdiccionales”.
Finalmente, recalcó que la norma cuestionada por los notarios “no vulnera la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores ni incurre en discriminación arbitraria o edadismo, ya que la fijación del tope de 75 años cuenta con el respaldo de la declaración interpretativa de Chile, que valida límites etarios por razones institucionales, y supera el test de proporcionalidad al unificar el estatuto de la función pública, establecer una edad incluso superior a la jubilación común y contemplar un plazo de vacancia de seis meses para el traspaso ordenado del cargo”.
