Transparencia, fiscalización y ciudadanía

Durante las últimas semanas, varios escándalos nos han recordado la importancia de contar con procesos transparentes que garanticen la prevalencia del interés público por sobre el interés privado.

La transparencia, sin embargo, no es algo que sólo afecte a los políticos, sino una forma de hacer las cosas que es fundamental que permee todos aquellos temas considerados de “interés público”. En este sentido, la educación es, sin lugar a dudas, un ámbito de interés público esencial que debe regirse por procesos claros y transparentes.

La magnitud de los recursos asignados y el gran número de establecimientos educacionales del país, nos obligan a tener mecanismos de fiscalización más efectivos y eficientes. No obstante, pensar la transparencia sólo como leyes que garantizan más control de parte del propio Estado, o que consideren la creación de nuevas instituciones que ayuden en la fiscalización –de las cuales en educación ya hay bastantes–, es sólo extender el paradigma burocratizador del Estado.

Es fundamental entender que la transparencia tiene como sujetos a los ciudadanos y ciudadanas. Los organismos de autocontrol del Estado son necesarios, pero son las y los ciudadanos los fiscalizadores por excelencia, quienes entregan las primeras luces de alerta ante posibles procesos viciados y que, como afectados, son los principales interesados en que la situación se resuelva. Para ello es imprescindible el acceso fácil a la información actualizada y relevante sobre el funcionamiento de su establecimiento. Esto es lo que se entiende como transparencia activa.

Desde el Estado se han hecho esfuerzos por mejorar la fiscalización de los recursos destinados a educación, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Casos como las irregularidades en el uso de los recursos de la Ley SEP hacen necesarios que estos esfuerzos se complementen con una práctica constante y permanente de transparencia en los procesos escolares, donde estén presentes la fiscalización activa de la comunidad escolar y la transparencia activa de los establecimientos. Ambos elementos son necesarios de manera simultánea, cada uno por separado no es suficientemente.

En el contexto de los cambios de la reforma educacional, se ha impulsado la transparencia activa de los establecimientos. Las comunidades escolares deben ser responsables también de velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos y de la utilización de los recursos recibidos. Asimismo, desde el Estado deben hacerse esfuerzos concretos para empoderar a las comunidades educativas y hacerlas partícipes de la educación de sus hijos/as en todos los ámbitos, incluido el de la fiscalización de los recursos.

Sólo de esta manera estaremos garantizando una mejor educación para nuestros hijos e hijas.