Actualmente la escuela es responsable de la transmisión cultural; de la preparación laboral; del bienestar psicológico y social de los alumnos; de la higiene y de la sexualidad; de la educación del tránsito; de la educación para la paz y la solidaridad; de la integración e inclusión de estudiantes con capacidades diferentes entre otras tantas funciones.
Los padres y apoderados hoy delegan en ella funciones primarias que les corresponden a ellos, obligando a los docentes a ocupar roles parentales, terapéuticos y de trabajadores sociales, complejizado su función específica de enseñanza y llevándolos a hacerse cargo de aspectos sociales, emocionales y culturales que en muchas oportunidades no pueden cubrir, produciendo un círculo de frustración y descalificación incesante.
La familia ya no cumple su papel socializador, quizás por los nuevos roles femenino- materno y masculino-paterno, por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, por las exigencias laborales y económicas, la incertidumbre existencial, entre otros. No obstante, este cambio de rol ha impactado profundamente en la comprensión que la sociedad tiene de la acción educativa, sobre todo en la ampliación del currículo y del rol docente.
En este escenario labora el profesor y la profesora en Chile, luchando además por un proyecto de carrera docente en que la rendición de cuentas parece ser lo único que interesa a las autoridades que dirigen el país.
Al respecto, Cornejo R. (2015) señala que la “ciencia indica que la labor docente es un trabajo afectivo, moral y de vínculo que no puede evaluarse como se mide cualquier prueba de conocimientos (…)”. Por lo tanto, la ley quiere evaluar algo que por su naturaleza, no se puede evaluar.
La sociedad en su conjunto debe mejorar la valoración del rol docente con incentivos y sueldos decentes, no sujetos a un trabajo en solitario, ni evaluaciones que sólo merman la autoestima y la esperanza de ser un profesional comprendido y valorado.
