Noticia acomodada para no molestar al dueño de un cerro isla

En la principal página del cuerpo Nacional de la edición del domingo 20 de diciembre de 2015 del diario El Mercurio se publicó una colorida crónica titulada “Lo Barnechea anuncia la construcción de un nuevo parque urbano en 65 hectáreas”, con epígrafe “Espacio se implementará en el cerro Del Medio y se espera que se convierta en el área verde más amplia de toda la zona oriente”.

El periodista, entre otras cosas, informó que ese lugar ha sido durante años un apetecido botín inmobiliario, que, sin embargo, tendrá finalmente otro destino y que para lograr la concreción del proyecto, el municipio comprará el terreno a un particular, sin indicarse el conocido nombre de ese influyente particular.

Como está claro que este reportaje se publicó a instancias del alcalde Felipe Guevara, lo cual en sí no es malo si hubiera sido objetivo y dado que los lectores ingenuos sacaron las incompletas conclusiones buscadas por el municipio, a continuación complementamos la noticia para que la opinión pública interesada en la preservación de los cerros islas conozca la historia fidedigna de esta área verde clasificada como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano vigente desde noviembre de 1994, 21 años atrás, para la colapsada región metropolitana de Santiago.

Conforme a lo dicho en el párrafo anterior, se evidencia que este amplio terreno nunca pudo haber sido un “apetecido botín inmobiliario”, como livianamente lo asegura dicho medio de expresión, ello porque en las áreas verdes no se admiten actividades inmobiliarias. El error periodístico cometido posiblemente se debe a que, aprovechando la debilidad de las instituciones sectoriales del Estado para fiscalizar las áreas verdes tipificas en los distintos planes reguladores, hace unos 14 años Eliodoro Matte, el circunspecto empresario experto en coludirse con sus competidores para sacar ventajas económicas en el mercado de los papeles higiénicos, intentó construir en esa área verde la casa central de la privada Universidad Finis Terrae, intento que no prosperó porque la Contraloría General de la República, acogiendo la denuncia de la Fundación Defendamos la Ciudad, impidió la vulneración de la legislación de Vivienda y Urbanismo. .

Después de ese mal rato, el inversionista mandamás hasta hace poco del CEP, le transfirió el cerro isla a los Legionarios de Cristo, actuales dueños de la Universidad Finis Terrae, y enseguida recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago impugnando el sólido dictamen de la Contraloría. El caso se resolvió en la Corte Suprema, la que emitió una ejemplificadora sentencia a favor del ente fiscalizador y por lo tanto la intervención inmobiliaria privada en el área verde se esfumó para siempre.

Tiempo después, los “bienaventurados” Legionarios de Cristo, no sabemos si porque estaban molestos con el fallo judicial, cometieron la profanación del área verde, ya que depositaron allí infinidad de escombros y otros tantos despojos, tipificándose entonces lo que se denomina daño ambiental, motivo por el cual los vecinos del sector, asistidos por la Fundación Defendamos la Ciudad, entregaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que sus abogados, una vez examinados, interpusieran la querella de rigor en contra de los causantes del sacrilegio a la naturaleza.

Así fue, porque nuevamente la Corte Suprema falló en contra de estos revoltosos religiosos. En efecto, el 28 de octubre de 2015, la tercera sala del máximo tribunal emitió un categórico veredicto condenando a los culpables a la reparación material del ecosistema que ellos voluntariamente dañaron.

Por lo relatado, concluimos que la Municipalidad de Lo Barnechea, se endeudará en el sistema financiero en una suma aproximada a los US$ 10 millones para comprarle el arruinado cerro isla a los Legionarios, quedando como certeza de que todas las obras de reparación y posterior recuperación del área verde correrán por cuenta de ese municipio y por ello se ha estimado una alta suma de dinero para la transacción del dominio del predio.