Durante los últimos años, muchas empresas han concentrado sus esfuerzos en conseguir mejores modelos de inteligencia artificial. Desde diciembre, para muchas aparecerá una pregunta bastante más difícil: ¿tenemos una base jurídica para utilizar los datos personales con que alimentamos nuestros sistemas de IA?
La Ley 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de este año, cambia las reglas de protección de datos personales en Chile. Incorpora mayores exigencias sobre la licitud y finalidad de su uso, protección de datos desde el diseño y nuevos derechos frente a decisiones automatizadas.
Esto puede parecer una discusión de compliance. Para las empresas que desarrollan inteligencia artificial, es una discusión estratégica.
Un retailer que entrena recomendaciones con transacciones históricas o una empresa que construye un copiloto con interacciones de clientes ya no deberá preguntarse solo si técnicamente puede utilizar esos datos. También deberá considerar para qué fueron recolectados, con qué base jurídica puede utilizarlos y qué ocurre si una persona ejerce sus derechos sobre ellos.
Europa ya permite anticipar esta discusión. En 2024, Meta pausó sus planes de utilizar contenido público de adultos en Facebook e Instagram para entrenar modelos de IA en Europa tras las observaciones de la autoridad irlandesa de protección de datos. Cuando avanzó nuevamente en 2025, incorporó medidas adicionales de transparencia, oposición, desidentificación y evaluación de impacto.
La regulación no necesariamente impide innovar, pero obliga a repensar cómo innovamos.
Durante años repetimos que los datos eran el nuevo petróleo. La comparación empieza a quedar corta. El valor de un dato no depende solo de tenerlo, sino también de su procedencia, finalidad, calidad y de los derechos que existen sobre su utilización.
Por eso, la nueva Ley de Protección de Datos no debiera abordarse únicamente como un proyecto legal o de compliance. También es una discusión de innovación y estrategia de inteligencia artificial.
A partir de diciembre, tener muchos datos será cada vez menos suficiente. La ventaja estará en algo más difícil de construir: tener buenos datos y poder demostrar que tenemos derecho a utilizarlos.
