¿Cómo se construye un Chile diverso?

Durante el último tiempo hemos asistido a la proliferación de iniciativas institucionales para la promoción y protección de los derechos de las personas. Los proyectos que crean el Defensor Ciudadano, el Defensor de la Niñez, el Defensor Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio de Pueblos Indígenas, la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y de la Subsecretaría de Derechos Humanos; son algunos ejemplos.

Celebramos la motivación que subyace a estos proyectos. En Chile existen importantes falencias a la hora de garantizarle a todos los ciudadanos por igual, el ejercicio efectivo de su derecho a la igualdad y la no discriminación.

Sin embargo, no hay que confundirse. La creación de nuevas instituciones no constituye un fin en sí mismo. Es solo un medio para la construcción de una sociedad inclusiva fundada en estos principios.

La pregunta entonces es, ¿qué reformas sirven mejor al objetivo de hacer de estos derechos una orientación transversal a la acción del Estado?

En gran medida, las deficiencias del diseño actual se originan en la ausencia de una entidad que coordine, desde una perspectiva transversal y de largo plazo, las acciones que las distintas reparticiones públicas, centrales y locales, ya ejecutan con foco en grupos discriminados.

La creación de nuevas agencias sectoriales no pareciera entonces ser la mejor solución. Éstas serán necesarias en tanto la igualdad y la no discriminación no constituyan una preocupación permanente y omnipresente en la administración, pues habrá que cautelar, caso a caso, que se estén implementando las medidas necesarias para revertir la situación de exclusión en que pudieran encontrarse estos grupos. Pero no serán suficientes. Primero, porque las sociedades van cambiando y nuevos grupos con nuevas necesidades van emergiendo. La respuesta institucional tiene que ir más allá de la creación de nuevas oficinas sectoriales, no solo por los costos que esto implica, sino porque una estrategia de este tipo está destinada a llegar siempre tarde. Surge de una situación de exclusión que llega a ser lo suficientemente grave, como para posicionarse como prioridad en la agenda pública. El Estado debe primero prevenir que situaciones de este tipo ocurran. Luego reparar sus consecuencias.

Segundo, porque la creación de nuevas reparticiones sectoriales, por sí misma, no garantiza que todas las demás agencias del Estado internalicen estos principios como el norte de su actuar. Estas podrían ejecutar políticas con resultados discriminatorios con independencia de la existencia y de las medidas adoptadas por estas estas nuevas oficinas.
A nivel institucional se requiere de una repartición encargada de transversalizar el principio de la igualdad en el Estado para garantizar este derecho de manera efectiva. Dicha entidad debe poseer las atribuciones necesarias para asegurar que ninguna acción de la administración tenga como resultado la discriminación arbitraria de personas o grupos. Lo anterior, debe ser el objetivo de cualquier reforma futura que se emprenda con miras a construir un Chile diverso.

El centro de estudios Espacio Público presentará una propuesta en torno a este tema. El Informe “Chile Diverso: Institucionalidad para la Igualdad” será presentado el próximo martes 9 de agosto a las 9:30 horas en el Café Literario Balmaceda (Providencia 410). Te invitamos a participar de este debate.