Doscientos reos de alta peligrosidad fueron trasladados a la cárcel La Laguna de Talca hace solo una semana. Fue el puntapié inicial de la Operación Cancerbero, un proceso que toma el nombre del plan penitenciario que el presidente José Antonio Kast dio a conocer en campaña, y que pretendía poblar aceleradamente este nuevo recinto con reclusos de alto riesgo.
En los días siguientes, nuevos prisioneros llegaron a la nueva cárcel. Tanto así que este martes la Operación Cancerbero se dio por finalizada. En un comunicado, el Gobierno calificó este proceso como “exitoso” y como “el envío más grande prisiones de máxima y alta seguridad en simultáneo a un penal del país”.
Sin embargo, cuatro reos de alta peligrosidad que integraban el clan Chen tendrán que salir de La Laguna y volver a la cárcel de Alto Hospicio en la que permanecían recluidos antes de la Operación Cancerbero, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera un recurso que interpuso su defensa.
Según reveló Informe Especial, el tribunal estimó que Gendarmería no cumplió con el estándar necesario para justificar el traslado. La institución aludida, por su parte, esgrimió razones de seguridad e integridad de estos reclusos.
Los integrantes del clan Chen, a quien la Fiscalía imputa los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, habrían utilizado sociedades cascadas para blanquear capitales que obtenían de estadounidenses jubilados a los que estafaban.
Gendarmería evalúa apelación
Consultados al respecto, desde el Ministerio de Justicia dijeron al citado medio que las políticas de segregación están radicadas en Gendarmería. Esta institución, a su vez, transmitió que están evaluando apelar a esta resolución, con el fin de revocarla.
Si bien desde el Ministerio de Seguridad Pública no comentó de inmediato la resolución, el titular de esta cartera, Martín Arrau, ya había mencionado los recursos judiciales que revierten este tipo de decisiones, como una de las razones para impulsar una reforma constitucional de seguridad. “Nos pasa frecuentemente que ponemos personas en regímenes más estrictos y por fallos judiciales, recursos de amparo y de protección las personas salen de ahí, y por eso necesitamos un blindaje constitucional”, dijo hace una semana a Tolerancia Cero.
Tras ser consultado por la prensa al respecto, Arrau reconoció el traslado la cárcel de Alto Hospicio que describió como un recinto penitenciario “con otras normas de seguridad, donde están en su espacio de confort”.
Luego, reforzó su hipótesis respecto de la reforma de seguridad. “Lo que buscamos es que cuando hayan personas condenadas por crimen organizado de terrorismo, ellos tengan un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”, manifestó.
