¿Fue veraz la declaración de patrimonio de Piñera del año 2010?

Desde el pasado 1 de abril y por la entrada en vigencia de la ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la ciudadanía puede examinar con lupa las declaraciones de intereses y patrimonio de autoridades y funcionarios del Estado.

Durante estos días hemos conocido por los medios de comunicación y en base a la información proporcionada por el sitio web del Consejo para la Transparencia, el patrimonio personal, por ejemplo, de todos los senadores, diputados, alcaldes y otros funcionarios.

La ley N° 20.880 forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada el año 2015 por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. La mayor parte de sus artículos fueron recomendaciones aportadas por el Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

La nueva legislación se hace cargo de las demandas de la ciudadanía por elevar los parámetros de probidad de quienes desempeñan una función pública para que no se mezclen la política y los negocios, como lo hemos visto en la Ley Longueira o el caso Penta.

Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la declaración de patrimonio se reguló mediante la ley N° 20.088 y el decreto supremo N°45, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

El 10 de abril del año 2010, casi un mes después de asumir la presidencia de la República, Sebastián Piñera, ingresó ante la Contraloría General de la República el formulario del decreto supremo N° 45 con su declaración de patrimonio para funcionario y autoridades.

Sin embargo, con el tiempo hemos conocido que tal documento está incompleto. No incluye, por ejemplo, una serie de sociedades constituidas en el extranjero, especialmente Bancard International Investment formada en 1997 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

El mencionado decreto supremo 45 obligaba detallar todas sus participaciones en sociedades en el extranjero, ya sea de manera directa o a través de personas relacionadas. De esta forma, al no conocer íntegramente su patrimonio, resulta difícil conocer cuál era su fortuna real al asumir La Moneda y cual fue al abandonar su cargo.

De todas formas, en marzo del año 2010, la Revista Forbes determinó la fortuna de Piñera en mil millones de dólares, mientras que en marzo del años 2014, al dejar La Moneda, su fortuna se incrementó en 2 mil 400 millones de dólares. Recientemente, la misma revista de negocios, calculó su patrimonio en 2 mil 700 millones de dólares. Esto lo convierte en Chile en el político con más dinero.

¿Cómo es posible explicarse el aumento de su millonaria fortuna si el año 2010 se desprendió de sus principales negocios como la aerolínea Lan, el canal de televisión Chilevisión y de Blanco y Negro?

Todo hace suponer que la declaración de patrimonio de Piñera en el año 2010 no respeta el espíritu de la ley al no incluir todas las sociedades que posee o están relacionadas. Por un caso similar, el ex candidato presidencial de la derecha, Lawrence Golborne, debió abandonar su candidatura al no declarar una sociedad constituida en las Islas Vírgenes.

Esta semana, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Exalmar, compareció por segunda vez el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. La máxima autoridad afirmó que no estaba en condiciones de dictaminar la “completitud y veracidad” del documento presentado por el exmandatario al asumir en el año 2010.

Por esta razón, solicité a la instancia parlamentaria citar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda para que se pronuncie sobre la veracidad de la declaración de patrimonio de Piñera. La comisión lo acordó por unanimidad.

Es muy importante conocer la opinión de la UAF, ya que dicho organismo investiga, por ejemplo, delitos de uso de información privilegiada y tiene amplia experiencia en detectar modus operandis financieros que buscan ocultar o disimular dineros o bienes.

Esperamos que el informe final de esta Comisión Investigadora y las querellas presentadas por el diputado Hugo Gutiérrez nos permitan determinar fehacientemente los delitos de uso de información privilegiada, negociación incompatible y conflicto de intereses en los casos Exalmar y Dominga. Conociendo la ambición de Piñera, es muy probable que con el paso del tiempo también nos enteremos de otros negocios que hasta ahora mantiene ocultos.