El proyecto bautizado por el Gobierno de José Antonio Kast como “Ley de Reconstrucción” ha obligado a la oposición ha movilizar a gran parte de su capital técnico para hacer frente a lo que se ha denominado “la madre de las batallas”.
Y es que el presidente Kast se juega buena parte de su capital político en el proyecto que, entre decenas de medidas, destaca una reforma significativa al sistema tributario. La baja al impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración del sistema y establecer una norma de invariabilidad tributaria componen el corazón del proyecto de ley que la próxima semana comenzará a discutirse en la Comisión de Hacienda.
En la oposición la definición está tomada: se rechazará la idea de legislar apenas se ponga en votación en la Sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, para el debate legislativo que se aproxima, la oposición sabe que debe llegar a las comisiones con respaldo técnico para lo cual ya se ha convocado a destacados economistas y exministros del sector.
En el caso del Partido Socialista (PS), se le ha pedido a la comisión económica liderada por Lysette Henríquez la confección de informes y minutas para ser utilizadas por los parlamentarios y dirigentes del partido. Fuentes del socialismo aseguran que también se han sumado a ese esfuerzo economistas del sector como Luis Eduardo Escobar —encargado del programa económico de Jeannette Jara— y Osvaldo Rosales, exdirector de Relaciones Económicas Internacionales en el gobierno de Ricardo Lagos.
En el partido también mencionan a dos figuras que han estado atentas al debate político y han ayudado a “traducir” los insumos técnicos a argumentos políticos. Se trata de los exministros Carlos Ominami y Mario Marcel.
Este último, de hecho, ha defendido pública y enfáticamente la gestión de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric, que estuvo a su cargo por más de tres años.
En el PPD también un exministro de Boric ha tomado la batuta en la coordinación. Se trata de Álvaro García, quien fue el titular de Economía en el último tramo de la administración. Según comentan fuentes del partido, García ha estado en contacto directo con Raúl Soto, jefe de bancada, y el resto de los diputados del partido a fin de entregar minutas detalladas de cada aspecto de la reforma y sus eventuales “consecuencias” en el plano económico y social.
A ese trabajo se sumó Nicolás Navarrete, quien se desempeñó como director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile en el gobierno del mandatario frenteamplista.
Por el lado del PC son dos los nombres que se han erigido como los pilares de la construcción del relato económico frente a la reforma del Gobierno. Uno es el director del ICAL y ex encargado programático de Jeanette Jara, el economista Fernando Carmona (hijo de Lautaro, presidente del partido), quien ha estado prestando ayuda técnica principalmente a la mesa comunista. Más cercano a la bancada está Nicolás Bohme, excoordinador de Política Tributaria de Hacienda del pasado gobierno.
En el Frente Amplio el protagonismo se lo ha llevado Rodrigo Echecopar, ex jefe de gabinete de Nicolás Grau. Fuentes del partido aseguran que la exdirectora de la DIPRES, Javiera Martínez, ha estado disponible para consultas de los parlamentarios.
Las conclusiones de los economistas
El diagnóstico central entre este grupo de economistas de oposición es que la reforma tributaria que se “esconde” en el corazón de la ley de Reconstrucción tendría un costo fiscal que haría inviable la propia meta de equilibrio estructural que el presidente Kast se comprometió a alcanzar antes del término de su mandato.
En ese escenario, advierten, la deuda pública podría escalar a niveles que los economistas consideran imprudentes.
Otra crítica central apunta a quién se beneficia, aspecto que ha sido explotado especialmente por el PS. Según los análisis que han circulado entre parlamentarios, la casi totalidad de los beneficios directos de la reforma recaería sobre un grupo muy acotado de grandes empresas y sus propietarios, pertenecientes al segmento más alto de la distribución de ingresos. En contraparte, los sectores medios y vulnerables se verían afectados por la creciente alza del costo de la vida. Para la oposición, se trata de la reforma “más regresiva que ha conocido Chile en décadas”.
Otra de las críticas que se ha extendido es que ninguno de los beneficios tributarios contemplados está condicionado a una acción concreta por parte de sus receptores.
A eso se suma una preocupación de largo plazo. La norma de invariabilidad tributaria que incluye el proyecto blindaría los cambios por décadas, restringiendo la capacidad de gobiernos futuros para corregir eventuales errores o modificar la carga sobre las grandes fortunas. Para los asesores de la oposición, esa cláusula convierte una reforma ya costosa en “una apuesta de consecuencias difíciles de revertir”.
