El diputado republicano Agustín Romero reiteró su llamado a remover a Jeanette Vega del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en medio de la crisis dirigencial que afecta al recinto, que terminó con la salida de su directora, Loreto Maturana.
La polémica surgió luego que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) le pidiera la renuncia a Maturana, nombrada por Alta Dirección Pública, luego que contratara a la ex ministra de Desarrollo Social como subdirectora de Gestión Asistencial.
En vista de la salida de la directora del Hospital de San Antonio, una veintena de médicos presentaron su renuncia en solidaridad, apuntando a que la medida del gobierno central tuvo motivaciones políticas, marcada por el paso de Jeanette Vega por el gobierno de Gabriel Boric.
Ante esta controversia, el diputado Agustín Romero pidió la salida de Vega: “Que se vaya Jeanette Vega y todos los médicos zurdos…. y que les corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos”.
El legislador republicano reafirmó su postura en redes sociales, haciendo un llamado a remover a todos los funcionarios públicos nombrados por la administración anterior.
“Lo dije y lo reitero: acá no hay espacio para activistas y ex personeros del gobierno de Boric. Chile votó en contra de todos ellos y por eso queremos que dejen el Estado, ese es el caso de Jeanette Vega.
¿Usted cree que todos estos zurdos son técnicos, de carrera… puros expertos?… yo no lo creo”, puntualizó Agustín Romero.
Frente a los cuestionamientos, Jeanette Vega declaró a radio Cooperativa que se mantendrá en su cargo, tras ser ratificada por el director subrogante del Hospital de San Antonio, junto con calificar de “ilegal” la remoción de Loreto Maturana.
“Lo más simple para mí sería irme, pero si me voy, este sería un abuso de autoridad ante el cual yo cedería. Si renuncio bajo presión política sin causa legal ni acto administrativo fundado, valido exactamente lo que ocurrió”, indicó Vega.
La otrora ministra de Desarrollo Social aseveró que “en el fondo, valido que en Chile basta una presión mediática de un par de diputados de extrema derecha para remover a un funcionario público de su cargo. Y eso no puede ocurrir, es un precedente gravísimo para cualquier profesional del sistema público que en el futuro sea designado sin el beneplácito político de turno. Por lo tanto, yo tengo una obligación en estos momentos de quedarme, porque -además- la directora me lo pidió. Está en juego la legalidad del sistema ADP por una parte, y está en juego el derecho al trabajo de un funcionario en su expertizaje”.
