El Frente Amplio pretende esconder bajo la alfombra el problema del Sename

Hay que recordar que en junio del año 2007 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece un sistema de responsabilidad para adolescentes infractores de la ley penal. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando un menor cometía un delito y había que establecer su imputabilidad mediante un examen, esta normativa estableció que a partir de los 14 años un joven tenía responsabilidad penal, pero también buscó concederles garantías procesales y mayores derechos y garantías en consideración de su minoría de edad. Todo ello en consonancia con los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes.

Esta ley es aplicable a todos aquellos jóvenes que entre los 14 y 17 años de edad hubieran cometido algunos de los delitos consignados en la ley penal.  Y se exige que tanto fiscales, jueces y defensores tengan conocimiento y capacitación en esta normativa especial.

El espíritu de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no está en sancionar al niño que ha cometido un delito, sino más bien en que el Estado, mediante sus órganos y organismos correspondientes, rehabiliten al infractor. Se trata de una mano educativa más que una mano dura sancionatoria.

Si bien la tasa de reincidencia entre los menores infractores no es tan alta, ya hay voces políticas que pretenden derogar dicha normativa, brindando con ello impunidad o ex culpabilidad a quienes hoy participan como imputados ante la legislación vigente.

¿Por qué, por ejemplo, los precandidatos del Frente Amplio han manifestado públicamente su antipatía por esta norma? Las respuestas se han basado en una supuesta interpretación de las convenciones internacionales de respeto a los derechos del niño. Si bien, son loables, éstas tampoco se encojen de hombros ante la criminalidad adolescente que aumenta a nivel internacional.

No se trata de ser más papista que el Papa. Un ciudadano que debe soportar diariamente los asaltos, robos y otras expresiones de violencia de menores de edad, no se consolará con la lectura ortodoxa de los derechos del niño en la dulce voz de los candidatos del Frente Amplio. La interpelación de una víctima de la delincuencia a la candidata Beatriz Sánchez en el programa de televisión CNN y Chilevisión “Aquí Está Chile” y que fue replicado por millares en las redes sociales, dan cuenta de la baja sintonía que tuvo con un problema genuino que nos afecta a todos quienes vivimos en este país.

Quizás hay sectores políticos que derechamente le están quitando el cuerpo al real y auténtico problema de esta ley, esto es, que el SENAME sea la entidad encargada de asegurar los programas para la ejecución y control de las sanciones y las medidas determinadas para los jóvenes infractores de ley. Asimismo que éstas últimas sean ejecutadas por colaboradores acreditados que hayan celebrado convenios con el SENAME, mientras que las medidas y sanciones privativas de libertad corresponderán siempre y en forma directa a esta institución en cuestionamiento.

Entonces, el problema de reducir la reincidencia de los menores infractores de ley recae en un organismo del Estado conocido por la ciudadanía por su sigla como SENAME.  Institución tan desprestigiada y poco querida como el Transantiago. Y si no se logra rehabilitar a los jóvenes que ingresan a sus centros, si sus psicólogos no son los ideales o no dan abasto, o si se necesita un apoyo adicional del que desconocemos, o si su gestión es inadecuada o existen problemas de infraestructura, o sus miembros son personas poco idóneas que ingresan por cuoteo político, no es un problema de la ley. La normativa se ajusta a los estándares internacionales en términos básicos.

El camino de quien dirija los pasos de nuestro país en los próximos años puede decidir qué hacer con este problema: o perfecciona el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y acompaña a esta política una adecuada y efectiva prevención, vigilancia, control y rehabilitación, que de suyo es complejo y no exento de problemas o bien la solución del Frente Amplio, que simplemente se contenta con esconder bajo la alfombra el problema, eliminando la responsabilidad penal de los menores a costa de que nuevas víctimas deban soportar -sin auxilio del Estado – las consecuencias.