Diez regiones bajo aviso, más de cien mil personas aisladas, ríos desbordados, poblaciones evacuadas de madrugada, un socavón de 300 metros que partió en dos la conectividad del litoral norte de Valparaíso y otro que puso en riesgo viviendas en Reñaca. Todo eso, al mismo tiempo, entre el norte chico y la Araucanía. El sistema frontal que ha golpeado a Chile durante julio de 2026 no es solo una emergencia meteorológica: es una radiografía, una vez más, de cuánto sabemos y cuánto ignoramos sobre el territorio que habitamos.
Cuando el agua encuentra una grieta en una duna o satura un talud que llevaba décadas aparentemente estable, no está creando un problema nuevo: está revelando uno que ya existía, muchas veces documentado, pero disperso, sin continuidad ni capacidad de traducirse en política pública. Los socavones de Reñaca no sorprendieron a quienes conocían los informes técnicos de Sernageomin de 2005 y 2012, que ya advertían sobre el alto peligro de remociones en masa en ese campo dunar. El problema no fue la falta de ciencia, sino que esa ciencia se quedó en un informe mientras la ciudad seguía creciendo alrededor de la advertencia.
Ese es, exactamente, el punto ciego que Chile arrastra desde hace demasiado tiempo: no contamos con un servicio geológico nacional con la solidez, la continuidad y la independencia presupuestaria necesarias para generar, de forma permanente, el conocimiento del territorio que un país sísmico, volcánico, con costas inestables y suelos tan diversos como el nuestro requiere para anticiparse, y no solo para reaccionar. Sernageomin existe, realiza un trabajo valioso y ha sido, de hecho, la voz técnica detrás de varias advertencias que el país luego lamentó no haber escuchado a tiempo. Pero opera con un mandato concebido, ante todo, para la fiscalización minera, y con capacidades de investigación geocientífica que no alcanzan a cubrir, con la frecuencia y la escala requeridas, un territorio de más de 4.300 kilómetros de largo, expuesto de manera simultánea a remociones en masa, inundaciones, erosión costera, actividad volcánica y sismicidad.
La diferencia entre un país que gestiona el riesgo y uno que solo lo administra en emergencia reside, casi siempre, en la inversión sostenida en investigación geocientífica de base: cartografía de peligros actualizada, monitoreo permanente de zonas críticas, estudios de suelos y dinámica costera que no dependan de que un municipio decida encargarlos o de que una universidad consiga financiamiento puntual. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón o el Reino Unido no evitan los desastres naturales, pero cuentan con agencias geológicas nacionales cuya misión explícita es generar, de manera continua, el conocimiento que permite anticipar tanto el fenómeno recurrente como el socavón que ya sabíamos que volvería a aparecer en la misma duna, así como el poco común o incluso aquel que hoy no podemos prever porque simplemente no lo hemos estudiado.
Esto no es un llamado a crear una nueva burocracia. Es un llamado a que Chile decida, de una vez, que el conocimiento geocientífico del territorio no puede seguir dependiendo de informes puntuales, de comisiones investigadoras que se activan después de la tragedia o de la buena voluntad de un municipio para tomarse en serio una advertencia técnica. La emergencia de estas semanas, con diez regiones afectadas simultáneamente, ha mostrado además algo que merece atención: cuando el fenómeno es nacional y múltiple, la capacidad de respuesta se satura, y es ahí donde la prevención basada en ciencia deja de ser un lujo académico para convertirse en la única forma de no llegar siempre tarde.
Fortalecer a Sernageomin o dotar al país de un verdadero servicio geológico con mandato, financiamiento e independencia para investigar de forma continua nuestros suelos, costas, cuencas y zonas de riesgo no impedirá que llueva ni que la tierra se mueva. Pero sí puede evitar que sigamos descubriendo, socavón tras socavón, temporada tras temporada, que ya lo sabíamos.
Esto tiene traducciones concretas, no solo declaraciones de buenas intenciones. Significa financiamiento basal y plurianual para la investigación geocientífica, no proyectos sujetos a fondos concursables que se interrumpen justo cuando un fenómeno empieza a repetirse. Significa que un informe técnico como los que Sernageomin elaboró sobre el campo dunar de Concón en 2005 y 2012 no quede a discreción de si el municipio de turno decide incorporarlo o no a su plan regulador, sino que tenga fuerza vinculante sobre la planificación territorial. Significa monitoreo permanente y no reactivado cada vez que se pronostican 200 milímetros de lluvia de las zonas ya identificadas como críticas, y programas sistemáticos de exploración geológica en aquellas donde aún no sabemos que lo son. Y significa, también, coordinación real entre la ciencia y las instituciones que hoy reparten esta responsabilidad en fragmentos como Sernageomin, la Dirección Meteorológica, la Dirección de Obras Hidráulicas, Senapred, los municipios, de modo que la alerta técnica no se pierda en el tránsito entre organismos, como ha ocurrido más de una vez.
Nada de esto es exótico ni requiere inventar un modelo desde cero: es, en esencia, lo que ya hacen los servicios geológicos de países que, como Chile, conviven con una geografía activa. La pregunta que este julio de 2026, con diez regiones bajo alerta y un país entero mirando simultáneamente ríos desbordados, aislamientos y socavones, debería dejarnos no es si podemos permitirnos financiar esa institucionalidad.
Es cuánto seguirá costando, en vidas, viviendas y conectividad, seguir postergándola.
