El silencio cómplice del SII y CONAF con las forestales

Las grandes forestales tienen una deuda histórica con Chile, particularmente, con las comunas más pobres de la Región del Bío Bío y La Araucanía: el impuesto territorial. Ya es hora de denunciar esta situación, especialmente, cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció un nuevo programa de reforestación en su Plan Araucanía, que lamentablemente seguirá profundizando la pobreza para muchos, y aumentando las riquezas para los pocos dueños de forestales.

Este tema es tan desconocido, que incluso un diputado de La Araucanía dijo estar de acuerdo con imponer un royalty a las forestales, pero nuestro desafío como país es demasiado grande para dejarlo en manos de la pequeñez de nuestros políticos.

En primer lugar, el impuesto territorial no es un royalty a las forestales, sino que es un impuesto que grava con el 1% del avalúo fiscal por hectárea a los bienes raíces, donde se incluyen terrenos que estén destinados preferentemente a la producción agropecuaria o forestal. Este impuesto nació para inyectar recursos a los municipios en el año 1969 con la ley 17.235, que establece que el 100% de lo recaudado es destinado a los fondos municipales, donde el 40% constituye ingreso propio del municipio donde se encuentran ubicados los predios del contribuyente, y el 60% debe ser destinado al fondo común municipal.

Según el art. 7 de dicha normativa, la tasa de impuesto es del 1% al año del avalúo de las propiedades y las plantaciones bonificadas quedan exentas del impuesto territorial sólo por la primera rotación, que cesará dos años después (art.13 DL N° 701 de 1974), por lo que desde el año 90 se debió comenzar con el cobro. El artículo 56 de esa legislación, dicta que el Servicio de Impuestos Internos tendrá a cargo su aplicación, sin embargo, este impuesto no se ha cobrado a las forestales.

Por su parte, Conaf reconoce que no lo ha cobrado por no contar con los recursos humanos, materiales y financieros para verificar en terreno, pero cuesta mucho trabajo creer que necesiten tanta gente para medir las hectáreas, cosa muy rápida de hacer con las tecnologías de hoy en día. En el mismo sentido, el informe publicado por el director de Conaf Región del Bío Bío en 2005 señala en uno de sus párrafos que “durante el periodo 1974/1992 se calificaron un total de 1.58 millones de hectáreas… Parte importante de los terrenos calificados en este periodo no deberían gozar de exención tributaria”.

Las comunas con mayor superficie forestada son Lumaco, Angol, Renaico, Los Sauces, Galvarino, Carahue, Ercilla, Traiguen, Purén, Toltén, pero paradójicamente, en 1993 eran las más pobres de la Región de La Araucanía. Hoy, más de 20 años después, la encuesta Casen las ratifica dentro de las más pobres. Todo esto mientras los dueños de las grandes forestales en 2016 tuvieron un retorno de las exportaciones de US$ 5.217,1 millones de dólares, según estadísticas del Ministerio de Agricultura.

En consecuencia, cobrar el impuesto territorial de las forestales sería una solución a las comunas más pobres, por lo que es imperioso hacer valer la ley, ya que hoy mismo se le estaría haciendo entrega de miles de millones de pesos para financiar programas educacionales, planes de salud, dar pleno empleo y sacar del déficit hídrico y de la pobreza rural a La Araucanía.