Los riesgos de la Objeción de Conciencia

En el debate por la aprobación de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, paso histórico en materia de los derechos de la mujer en la sociedad chilena, surgió una prolongada discusión sobre el concepto de objeción de conciencia.

En ese debate sostuve, como miembro de la comisión de Constitución, que el ejercicio de dicha objeción de conciencia puede terminar convirtiéndose en negar la atención a la paciente. Lo reafirmo. En vastos sectores de Chile, la escasa disponibilidad de especialistas podría redundar, en la práctica, en que la objeción de conciencia imposibilite un procedimiento médico.

En segundo término, creo que la extensión de este concepto a instituciones, que han sugerido y pedido entidades como la Universidad Católica en voz de su rector Ignacio Sánchez, también ayudaría a impedir que el Estado cumpla con el deber que existe de atención. Por eso presenté una indicación planteando que la objeción de conciencia es de carácter personal y no puede ser invocada por una institución.

Soy un absoluto defensor del hecho que, en un Estado Laico, no debe existir lugar a objeción de conciencia en establecimientos de salud públicos ni en aquellos que reciban cualquier tipo de financiamiento del Estado.

El propio Colegio Médico, a través de su presidenta, Izkia Siches, ha destacado que no se puede seguir sumando obstáculos para la interrupción del embarazo en las tres causales que hemos aprobado en el Parlamento.

En ese contexto, soy un convencido que la discusión sobre objeción de conciencia es válida y valiosa, pero no puede ser un escudo para que institucionales particulares defiendan su visión, ni constituirse en una traba para impedir el ejercicio de un derecho que ha sido postergado por demasiado tiempo y que en estos días hemos dado un paso histórico aprobando su despenalización.