Durante estos últimos días, la Presidenta de la República ha causado gran polémica. La razón: su visita, en calidad de jefa de Estado, a Cuba.
Desde algunos sectores de la oposición se le ha acusado de tener razones “ideológicas” para reunirse con diversas personalidades de la isla, entre ellas, el dictador Raúl Castro. El gobierno, por su parte, ha defendido la decisión de viajar al país caribeño en virtud de reforzar las relaciones bilaterales y aumentar la inversión de capitales chilenos en la isla.
Pues bien, cabe preguntarse, ¿son atingentes las críticas, o en realidad existe una sobredimensión de la situación, como acusa el gobierno?
En su discurso del martes Bachelet enfatizó que la política internacional durante su mandato “ha estado dirigida a impulsar el entendimiento entre los pueblos, la democracia y los derechos humanos”. Si bien no puedo sino compartir los nobles objetivos, es bastante paradójico. Digo paradójico porque decide realizar esta visita oficial a un país donde no existe una verdadera democracia; donde la libertad de expresión está reducida hasta niveles tales que, en la práctica, cualquier oposición pública puede ser usada como excusa para ser detenido; donde no existe libertad de asociación política, y los derechos humanos son violados sistemáticamente por el Estado.
Pese a ello, la situación podría haber sido salvada si en consecuencia con el ideario expresado, se hubiera reunido con la disidencia cubana, cosa que finalmente decidió descartar. ¿Sabrá la Presidenta de nuestro país que Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, se encontraba detenida en una unidad policial mientras ella expresaba su más amplio compromiso con el respeto por los derechos humanos?
Paradójico, nuevamente, puesto que esta misma organización fue la que felicitó a la jefa de Estado el 2006 cuando fue electa por primera vez, y solicitó su apoyo en pos de 75 disidentes cubanos encarcelados el 2003. Es en este contexto que esta agrupación que forma parte de la disidencia cubana reprimida brutalmente en ese país, solicitó reunirse con Bachelet, solicitud que fue denegada.
Si la Presidenta es una férrea defensora de la promoción de los derechos humanos, no pudo sino haber actuado en consecuencia y debió haber conversado con la disidencia. Esto podría perfectamente no haber agradado al régimen castrista, pero si cree, como lo ha dicho, que los seres humanos tenemos derechos inherentes a nuestra naturaleza que deben ser respetados, entonces no existe contexto, lugar ni tiempo para omitir o no actuar en defensa de estos.
La visita de Bachelet a la isla, junto con sus actuaciones (y omisiones), reviste un simbolismo en extremo preocupante: se ha decidido anteponer las relaciones comerciales y los intereses por influir de los países, a los derechos humanos. Una última paradoja, puesto que de lo mismo se suele acusar a personeros de la oposición en nuestro país, respecto al régimen de Pinochet.
