En atención al compromiso suscrito por el Presidente Sebastián Piñera, de acompañar a las familias en los distintos desafíos que enfrentan en términos de su desarrollo a lo largo de toda su vida, y habida cuenta que es la salud lo que más las preocupa, el Gobierno se ha planteado aplicar una “cirugía mayor” en la salud pública, empezando por la reducción de las listas de espera, mediante la creación de un registro nacional de pacientes en esa condición, así como el establecimiento de plazos máximos para su atención; suplir la carencia de camas hospitalarias y de médicos especialistas –sobre todo en regiones–, y la reducción en el costo de los medicamentos.
En el marco de las indicaciones a la Ley de Fármacos II, el Primer Mandatario propuso la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos, cuyo objetivo será facilitar el acceso a la información, tanto de precios como de ubicación de las farmacias, a las que se sumarían otros puntos de expendio, como góndolas de supermercados, en las que se podrían vender algunos principios activos que no requieren receta médica. El Observatorio también dispondrá de información para que los usuarios puedan distinguir entre medicamento original, bioequivalente de marca y bioequivalente genérico.
El primero de ellos se entiende como una droga o principio activo investigado, desarrollado y registrado como marca comercial por un determinado laboratorio; el segundo, contiene el mismo principio activo que el primero, el cual es inscrito por un segundo laboratorio con un nombre propio que se registra en el Instituto de Salud Pública. Por último, están los genéricos, que son aquellos medicamentos que se identifican por el nombre del principio activo o droga, como losartán.
La nueva ley estipulará que cada punto de venta (farmacia, supermercado) deberá disponer en un lugar visible una lista actualizada de precios impresa o en formato digital, que pueda ser consultada por el público; así también permitirá que cada persona pueda comparar desde su hogar o trabajo los precios para tomar la mejor decisión de compra.
Del mismo modo, el Ministerio de Salud quedará facultado para determinar que ante situaciones de falta de un determinado medicamento, la Central Nacional de Abastecimiento podrá importarlo de una forma más expedita, sin tener que pasar por un laboratorio. Otro aspecto muy interesante de la norma es que ella establecerá la obligatoriedad para que las farmacias dispongan de principios activos bioequivalentes o alternativos que poseen el mismo mecanismo de acción que el original. En este sentido, el Gobierno se ha puesto como meta contar en cuatro años con un 66% de medicamentos bioequivalentes.
Con todo, no debemos obviar el riesgo de la automedicación, para lo cual habrá que tomar medidas que la eviten o desincentiven. En este sentido, una vez más la educación resulta clave. Por ello, hacemos un llamado a toda nuestra comunidad a asumir el cambio cultural que implicará la libre disposición de algunos medicamentos, incentivando el autocuidado de la salud e integridad física, desde los niveles primarios de enseñanza hasta los grupos etarios de mayor edad, cuestión que hará necesario desplegar campañas de advertencia en los medios de comunicación con el propósito que las personas actúen con responsabilidad, sin poner en juego su salud ni la de sus familiares.
No obstante, como muchas decisiones tomadas en el ámbito de la vida privada, respetamos la libertad de acción y elección de cada uno, y confiamos que las personas hagan un adecuado uso de ciertos fármacos de venta libre. El mercado ya es bastante generoso en el expendio de productos legales que causan daño eventual a nuestra salud, como el alcohol y el tabaco. Sin embargo, el buen criterio de los consumidores de esos productos evidencia que –salvo excepciones– la sociedad ha evolucionado hacia un estado de conciencia y autocuidado esperanzador.
