Tras una serie de reuniones entre el ministro Martín Arrau y las bancadas de RN y UDI durante la jornada de este jueves, en el oficialismo se asentó una hoja de ruta para intentar salvar la reforma constitucional de seguridad. La idea es asegurar la aprobación de la idea de legislar y, luego, ir acotando el proyecto durante la tramitación en particular hasta llegar a un texto que reúna los votos.
La semana para Arrau partió de la peor manera posible: con descuelgues públicos y con la notificación de que varios senadores en el oficialismo estaban en desacuerdo con las matrices del proyecto estrella de la agenda ACOT. Con la tarea de revertir ese panorama, el secretario de Estado recibió primero en el Ministerio de Seguridad a los senadores Andrés Longton (RN) y Rojo Edwards, junto a los diputados RN Claudia Mora y Mauro González.
Después llegó el turno de la UDI: la jefa de bancada Flor Weisse, los diputados de la Comisión de Constitución Eduardo Cretton y Constanza Hube, y Jaime Coloma, de la Comisión de Seguridad. Por la tarde, el ministro tenía agendada su cita semanal con el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de Segpres, José García Ruminot, para revisar el estado de toda la agenda de seguridad.
La conclusión de esas conversaciones, comentan en el oficialismo, es que insistir en el texto tal como ingresó arriesga perder la votación general. Por eso la apuesta es concentrar los esfuerzos en pasar la idea de legislar —el primer umbral, con quórum de 4/7— y dejar para la discusión en particular el trabajo más fino de acotar el articulado.
Las líneas rojas de RN y republicanos
Ese trabajo fino ya tiene un primer resultado concreto. Los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) sellaron una postura conjunta sobre los dos puntos más resistidos del nuevo estado de excepción: que su declaración requiera acuerdo del Congreso desde el primer día, y que la medida se someta a revisión legislativa cada 30 días, en lugar de mantenerse vigente sin control parlamentario hasta por 240 días.
A la salida de su reunión con Martín Arrau, Longton confirmó que el ministro respalda ese ajuste: “Nosotros hablábamos de 30, puede ser 30, un poco más, un poco menos, pero siempre que pase por el Congreso. En eso está absolutamente de acuerdo el ministro Arrau”, señaló.
El otro punto en la mira es la interceptación de comunicaciones, que Squella y Longton propusieron eliminar directamente del texto. Arrau, según el propio Longton, se mostró “dispuesto a hacer modificaciones en esa línea para que quede acotado”, aunque el senador RN aclaró que su preferencia personal sería mantenerla con matices antes que suprimirla del todo.
El punto que sigue sin resolverse es el rol exacto que tendrán las Fuerzas Armadas dentro del estado de excepción. El primer borrador las supeditaba al mando de Carabineros; en el proyecto finalmente ingresado esa subordinación quedó ambigua.
Resolver esa definición es clave para sumar a los senadores Miguel Ángel Becker y Cristián Vial, ambos exuniformados del Ejército, que han puesto en duda la disposición de la propia institución castrense a asumir ese rol.
Como consignó este medio, Becker sostuvo que “las Fuerzas Armadas no deberían continuar actuando como parte del orden interior, sino que sean reforzados Carabineros y la Policía de Investigaciones con mayor capacitación y preparación para cumplir esa labor”. Vial ha sido igual de tajante: “Las Fuerzas Armadas no están para el orden público”, dijo el senador de la bancada republicana.
En el capítulo de las inhabilidades para condenados por crimen organizado o terrorismo, la discusión avanzó hacia una fórmula más acotada: en lugar de una restricción general a prestaciones estatales, se busca especificar qué beneficios quedarían suspendidos, con la salud como la prestación que más consenso tiene para quedar fuera de cualquier restricción.
Un frente que todavía no se abre del todo es el registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado o al terrorismo, que en la propuesta del Ejecutivo queda sujeto a control del Senado.
Longton ya adelantó reparos sobre ese diseño: cuestionó el rol que tendría la Cámara Alta en la calificación de esas organizaciones, en momentos en que el debate empieza a instalarse sobre si esa atribución no debería quedar radicada, en cambio, en los tribunales de justicia.
Para ordenar esas discusiones antes de que el proyecto llegue a la sala, Martín Arrau adelantó a los partidos, según supo EL DÍNAMO, que convocará una mesa de trabajo destinada a moldear la propuesta e ingresar indicaciones durante la tramitación.
La instancia se sumaría al trabajo que ya iniciaron por su cuenta los propios parlamentarios. Un grupo de diputados de RN encabezado por Diego Schalper envió esta semana ocho indicaciones a Arrau, a García Ruminot y a los senadores Longton y Squella, que integran la Comisión de Constitución.
Los votos que aún faltan
Un acuerdo dentro del oficialismo, sin embargo, no es suficiente. El Gobierno necesita 29 votos en el Senado y hoy solo cuenta con los 23 senadores propios de Chile Vamos y el Partido Republicano. Los senadores Miguel Ángel Calisto y Matías Walker, que en votaciones anteriores han acompañado al oficialismo, se han mostrado hasta ahora en contra de la idea de legislar en su forma actual, lo que deja al Ejecutivo lejos del quórum incluso antes de negociar con la oposición.
