El país acaba de iniciar la discusión de una serie de iniciativas en seguridad impulsadas por el Gobierno del Presidente Kast. En ese contexto, es necesario cuidar que el legítimo anhelo de seguridad no termine afectando la dignidad de las personas ni sus garantías fundamentales.
En esta línea, una ciudad se reconoce por cómo trata a quienes más la necesitan. Esa premisa volvió al Congreso hace algunos días, cuando la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara discutió dos proyectos de ley (boletines N° 18.329-06 y N° 18.349-06) que sancionan la ocupación de bienes públicos con instalaciones precarias y tipifican como delito el habitar o pernoctar en espacios públicos, incluso como flagrancia permanente. En términos simples, buscan convertir en delito instalarse a vivir o dormir en la vía pública, es decir penalizar el ruco.
Ambos ponen sobre la mesa una tensión real: recuperar espacios públicos seguros es legítimo, pero mal diseñada, la ley puede terminar sancionando la pobreza en lugar del delito.
No sería la primera vez que retrocedemos en esta materia. Chile despenalizó la vagancia y la mendicidad recién en 1998. Naciones Unidas ha sido clara en el mismo sentido (una resolución de su Consejo de Derechos Humanos, respaldada por 179 países, exhorta a no penalizar la situación calle). Perseguir a quienes delinquen desde instalaciones precarias es una cosa, sancionar el solo hecho de no tener dónde dormir es otra. Los proyectos debieran distinguir con nitidez entre ambas situaciones, algo que hoy no queda claro en su articulado.
Pero usarlos solo como gancho legislativo sería desperdiciar la oportunidad de hablar del problema de fondo. Según el Censo 2024, Chile registra más de 21 mil personas en situación de calle, con trayectorias, edades y causas muy distintas —quiebres familiares, pérdida de empleo o vivienda, enfermedades, consumo problemático—. Esa diversidad exige respuestas diferenciadas, no una fórmula penal única.
El debate suele quedar atrapado en una falsa disyuntiva: para algunos basta con retirar rucos; para otros, cualquier intervención vulnera derechos. La experiencia del Gobierno de Santiago muestra que ambas miradas, en solitario, son insuficientes. Si recuperamos el espacio público sin ofrecer alternativas dignas, el problema reaparece unas cuadras más allá. Si solo asistimos, sin abordar las causas ni el uso indebido del espacio público, tampoco hay cambios duraderos. Seguridad y dignidad no son objetivos contrapuestos: son dos caras de una misma política, y así deberían quedar reflejadas en la ley.
Esa es la lección de nuestro Programa Ribera del Río Mapocho (2022-2023), ejecutado con Santiago, Providencia, Recoleta e Independencia. Con dispositivos de atención integral y especializada en salud mental y consumo, atendimos a 157 personas, con una inversión de $333 millones. El resultado: 128 personas (81,5%) salieron de la calle o se mantuvieron vinculadas a procesos de recuperación, y 71 interrumpieron formalmente su situación de calle. La lección: con acompañamiento sostenido y coordinación real entre servicios, es posible cambiar trayectorias de vida.
Ese aprendizaje debe escalar. Valoramos la reciente mesa convocada por el Gobierno en La Moneda, de la que el Gobierno de Santiago fue parte activa: por primera vez la situación de calle se piensa con mirada regional y no solo comunal. Junto a eso, La Noche del Encuentro —que movilizó a cerca de mil voluntarios en colaboración con Juntos en la Calle, la Corporación 3xi, la CPC y la Comunidad de Organizaciones Solidarias— muestra que este desafío exige liderazgo del Estado, pero no puede resolverlo solo. Necesitamos sociedad civil activa, empresas comprometidas y un Congreso capaz de legislar distinguiendo entre el delito y la pobreza.
Desde el Gobierno de Santiago seguiremos impulsando una estrategia permanente que articule actores con objetivos medibles y responsabilidades compartidas. Tan importante como acompañar a quienes hoy viven en la calle es prevenir que otros lleguen a ella y evitar que quienes salen, vuelvan. Para eso proponemos una gobernanza metropolitana permanente, con información compartida y financiamiento estable entre municipios, Gobierno Regional y Gobierno Central.
Santiago no debe elegir entre seguridad y dignidad. Debe recuperar sus espacios públicos y, a la vez, ofrecer caminos reales para que nadie tenga que vivir en ellos. Ese es también el estándar que le pedimos al Congreso: una ciudad, y una ley, que no se resignan ni abandonan a sus habitantes. Es, además, el criterio con el que esperamos se resuelva la actual discusión nacional en seguridad: que el legítimo anhelo de un Chile más seguro no se construya a costa de la dignidad de quienes ya lo tienen más difícil.
