Los genocidas no pueden triunfar

La derecha chilena con el apoyo de la Casa Blanca no tuvo miramientos para quebrar el orden constitucional y el Estado de Derecho el 11 de septiembre de 1973. Esa fatídica fecha es la culminación de un proceso de sedición organizado por la clase dominante para detener las conquistas sociales que impulsaba el Presidente Salvador Allende.

45 años después la “obra” de la dictadura cívico-militar es clara. 17 años de dictadura donde se violaron los derechos humanos desde el día 1 para incubar el modelo económico neoliberal que ha generado una brutal desigualdad e inequidad social.

La Constitución de 1980 fue y ha sido el principal cerrojo para abrir las grandes alamedas, tras el retorno del Estado de Derecho el 11 de marzo de 1990. La institucionalidad que redactó Jaime Guzmán le permitió a Pinochet tutelar la interminable transición desde la comandancia en jefe del Ejército o desde el Congreso como senador vitalicio. Muerto el dictador, los principales amarres institucionales han seguido vigentes para evitar poner fin a la herencia pinochetista. Y en eso la derecha más recalcitrante siempre ha puesto todo su empeño, recursos y energía.

¿Qué tiene de ejemplar la transición o el retorno a la democracia chilena si el dictador siguió como nefasto protagonista del proceso para impedir justicia a las violaciones a los derechos humanos y continuar afianzando el modelo económico implantado por los Chicago Boys?

45 años después seguimos luchando para reemplazar el neoliberalismo por un modelo más justo y para lograr justicia en crímenes de lesa humanidad.

Ante la liberación de 6 genocidas por parte de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, las fuerzas democráticas de la oposición hemos acusado constitucionalmente por notable abandono de deberes a los jueces Manuel Valderrama, Hugo Dolmetsch y Carlos Kunsemüller.

Los magistrados hicieron vista gorda de los tratados internacionales de derechos humanos al conceder la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

Lo grave es que los 3 ministros de la Corte Suprema vulneraron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, lo que facilita la impunidad junto con las bajas condenas impuestas por crímenes deleznables.

La Moneda, los parlamentarios de derecha, la Corte Suprema y algunos abogados han puesto el grito en el cielo ante el avance de la acusación constitucional. Han utilizado todo tipo de argumentos apocalípticos para intentar deslegitimar la atribución legal del Congreso. Han tenido la desfachatez de decir que peligra el Estado de Derecho, en circunstancias que la derecha aún valida el sangriento Golpe de Estado.

El Presidente Piñera, cuando era senador, votó a favor de la acusación constitucional contra el ministro Hernán Cereceda por notable abandono de deberes.

¿Con qué cara se nos puede reprochar la supuesta ilegalidad y puesta en peligro del Estado de Derecho si el entonces senador Piñera utilizó el mismo mecanismo y la Tierra no se partió en dos?

Esta nueva acusación constitucional constituye un deber ético frente al peligro cierto de la impunidad se convierta en una política de la Corte Suprema.

Lo que hoy está en juego no es la defensa personal de los jueces, sino que el respeto irrestricto de los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito.

Esta semana es clave para el éxito o fracaso de la acusación. La sala de la Cámara de Diputados debe pronunciarse. En los últimos días hemos debido enfrentar el lobby feroz de los criminales de Punta Peuco, y de la Corte Suprema.

Las bancadas de la oposición debemos seguir actuando unidos para que la impunidad no se consagre en nuestro país. Nuestra señal política tiene que ser contundente para cerrar completamente las puertas a un Pinochet 2.0. La historia nos juzgará.