El senador Manuel José Ossandón presentó una querella criminal contra el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, ante el Juzgado de Garantía de la comuna, solicitando una pena de tres años de cárcel por el delito de injurias graves realizadas por escrito y con difusión pública.
La acción judicial se origina tras una serie de declaraciones del jefe comunal en redes sociales, donde cuestionó el gasto en combustible del parlamentario.
En particular, Toledo difundió un video el pasado 26 de marzo en el que afirmó: “Oiga, senador Ossandón, ¿quiere que le dé un consejo? Mire, estaba revisando la Radio Bío Bío y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: 46 millones de pesos al año”.
El conflicto surge a partir de un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que reveló que Ossandón rindió cerca de $46 millones durante 2025 por concepto de traslados, incluyendo combustible, peajes, arriendo de vehículos y otros gastos asociados.
Posteriormente, el alcalde publicó un segundo registro el 8 de abril, donde matizó sus dichos iniciales señalando que: “si bien el senador Ossandón no gasta 46 millones de pesos al año en combustible; todos los chilenos le pagamos los TAG, peajes, el arriendo de vehículos y estacionamientos”, agregando que estos beneficios no solo aplican al parlamentario, sino también a su equipo.
En la querella, Ossandón sostiene que las afirmaciones difundidas son incorrectas y descontextualizan la información original, ya que el reportaje aclara que el monto corresponde a gastos de traslado en general y no exclusivamente a combustible. Según detalla, el gasto real en combustible durante 2025 alcanzó los $8.660.945.
El documento legal argumenta que esta diferencia es significativa, indicando que se trata de un monto “cinco veces inferior a la información dolosamente difundida”.
Además, el senador aseguró que estas declaraciones han tenido consecuencias personales, ya que “han producido daño directo a mi persona, y han tenido un impacto directo en mi honra y autoestima, puesto que he recibido directamente insultos públicos”, tanto en la vía pública como a través de redes sociales.
La acción judicial solicita que el alcalde enfrente una pena de reclusión menor en su grado medio, junto con el pago de una multa de 20 unidades tributarias mensuales, conforme a lo establecido en el Código Penal.
