La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de falencias en el control de la calidad del agua potable que debe llevar a cabo la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Lo anterior, luego de revisar la labor fiscalizadora de dicho organismo respecto de tres empresas sanitarias con operación en diferentes regiones, entre enero de 2024 y julio de 2025.
De acuerdo al ente contralor, la SISS no efectuó inspecciones en terreno a las instalaciones de agua potable de Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A., a pesar de que hay condiciones que podrían afectar la calidad y continuidad del suministro.
Contraloría detectó falencias en fiscalización de la calidad del agua potable
En la auditoria se da cuenta que el organismo sanitario no cuenta con criterios formales de priorización que orienten su labor fiscalizadora, situación que podría incidir en la selección de los servicios sanitarios sujetos a evaluación.
Otro de los puntos observados es que la Superintendencia no remitió antecedentes de posibles incumplimientos a organismos competentes, como las seremis de Salud o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, se constató que la institución no cuenta con procedimientos internos que regulen este tipo de derivaciones.
En este marco, también se identifica un retraso considerable en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, lo que podría afectar la adopción oportuna de medidas correctivas y el inicio de eventuales sanciones. A esto se suman demoras en la tramitación de reclamos de usuarios, con respuestas emitidas fuera de los plazos establecidos.
A partir del hallazgo de estas falencias, la Contraloría instruyó a la SISS implementar acciones correctivas orientadas a reforzar sus procesos de fiscalización, formalizar los mecanismos de coordinación con otras entidades, mejorar la oportunidad de sus evaluaciones y sanciones, y garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
El organismo deberá reportar avances en estas medidas dentro de un plazo de 60 días hábiles.
