En enero de 2019 Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue investido con un voto de diferencia Presidente de Gobierno por el Congreso de los Diputados, apoyado por los partidos nacionalistas/separatistas vascos y catalanes (cuyos líderes se encuentran presos por motivos de sedición) y por Unidas Podemos, partido de extrema izquierda con estrechos vínculos bolivarianos, liderado por el hoy vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Un gobierno débil y con precario apoyo parlamentario que ha emprendido una frenética agenda radical centrada en tres grandes pilares:
● En el plano territorial ha cedido al crear una mesa de diálogo bilateral con la Generalitat de Cataluña (gobierno autonómico) con sus socios separatistas para negociar el pretendido e inconstitucional derecho a decidir de Cataluña y el indulto a los políticos presos por sedición.
● En el plano económico ha asumido las líneas de Podemos: ha elevado el ingreso mínimo un 30%, ha asegurado un ajuste permanente de las pensiones por IPC a pesar del insostenible déficit de la Seguridad Social, confeccionó un presupuesto con subidas generalizadas de impuestos a la renta de personas y empresas, a las transacciones financieras, y pretende subir el impuesto de donaciones y sucesiones. El costo de las subidas de las prestaciones eleva el déficit público de una meta del 1.6% al 2.9% sobre el PIB anual, mientras que la deuda pública española alcanza actualmente el 95% del PIB.
● En el plano ideológico agudiza una campaña de (i) revisionismo histórico al amparo de la ley de Memoria Histórica implantada por el gobierno socialista de Zapatero, bajo el cual hay que erradicar todo símbolo que se considere franquista y considerar como apología del odio mencionar a los mismos (rompiendo el espíritu de la transición española); (ii) la presentación de una ley de eutanasia, (iii) relajación de la inmigración en fronteras y otorgando un régimen asistencial universal para los ilegales, y , por último, (iv) una campaña muy agresiva por la igualdad de género, llevada a un extremo de confrontación entre españoles por los radicales de izquierda (lucha de sexos/lucha de clases).
La expresión e hito de esta lucha en las calles por la igualdad de género serían las 77 manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas por los grupos feministas y el gobierno para el 8 de marzo, día de la Mujer.
Centrado en esta agenda política ideologizada, el Gobierno desatendió negligentemente la gestión de la epidemia del COVID-19 y desoyó durante los meses de Enero y Febrero recomendaciones de la OMS y la Unión Europea de tomar medidas de prevención y aprovisionamiento para afrontar los contagios por coronavirus que ya mostraba consecuencias dramáticas en China y comenzaba a mostrarlas en la vecina Italia. Incluso, el responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio Nieto, recomendó el 24 de enero evitar cualquier tipo de aglomeraciones.
Adicionalmente el Gobierno restó pública y reiteradamente importancia al número de contagios y muertes que ya se estaban produciendo en España, indicando que, en caso de existir focos de infección, serían “aislados y pocos”.
Es así como el domingo 8 de marzo, habiendo ya 674 contagiados “oficiales” y 84 muertos en España y más de 3,000 contagios en Italia, el Gobierno incentiva la concurrencia a las manifestaciones del día de la Mujer con sus ministras a la cabeza. Más de 120,000 personas se reúnen en Madrid. La falta negligente de medidas de prevención se había consumado y el Gobierno con su política de comunicación había contribuido a acelerar los contagios. Tres días después, el 11 de Marzo, la OMS decretó al COVID-19 como pandemia. Esa misma semana se declararon contagiadas 3 ministras, la mujer de Pablo Iglesias y la mujer y la madre de Pedro Sánchez, todas en la cabecera de la manifestación.
Recomiendo, a quien tenga interés, escuchar la detallada cronología de las comunicaciones oficiales del gobierno antes y durante la declaración de la pandemia. (Ver enlace).
El impacto de la crisis sanitaria
Ya celebrada la gran manifestación de las mujeres , a partir del 10 de marzo el Gobierno cambió su discurso y reconocieron públicamente la magnitud de la epidemia.
A falta de medidas oportunas preventivas de gestión, que incluían test masivos y selectivos, segmentación de zonas críticas por territorios, edades, etc., en la etapa inicial del contagio, se decretó tardíamente el estado de alarma con la radical medida del confinamiento general de la población y la paralización parcial primero y total después de la actividad económica, con el objetivo de aplanar la curva de contagio y evitar la saturación hospitalaria. Es la medida sanitaria más extrema y la más costosa económicamente.
La medida de confinamiento dejaba la lucha contra la enfermedad en manos del sistema sanitario público y privado, con excelentes médicos y hospitales, pero insuficiente ante la magnitud de la pandemia.
La red de hospitales públicos y privados se encuentran actualmente saturados, con capacidad extendida actual de 6,500 UVIS a máxima capacidad. España disponía de una capacidad inicial de 10 UVI por cada 100,000 habitantes, es decir, 4,500 UVIS.
Las Comunidades Autónomas y el ejército (gobiernos regionales) han tenido que construir hospitales de campaña adicionales para cubrir la demanda de camas. El hospital de campaña en Madrid levantado en tres días en el recinto ferial de IFEMA con 5.000 camas es un ejemplo emblemático de eficacia.
El comportamiento de los equipos médicos y de seguridad y del ejército ha sido heroico. Resalto lo de heroico porque han trabajado sin las medidas de protección sanitarias suficientes (mascarillas, guantes, equipos de aislamiento), hasta el punto de que hoy hay un 15% del personal sanitario contagiado y ya hay muertes entre los distintos cuerpos de seguridad.
El Gobierno no sólo ha tenido falta de previsión de la crisis, sino que también ha sido ineficiente en su gestión centralizada, no comprando, por ejemplo, los equipos de protección suficientes (guantes, mascarillas), los equipos de tratamiento necesarios (respiradores) y test de diagnóstico del virus. Como prueba de esta incompetencia, el Gobierno adquirió a un proveedor chino no oficial 650,000 test que resultaron ser defectuosos. Pero el crecimiento de los contagios y muertes ha sido imparable.
A día de hoy, 3 de abril, se acumulan 110.000 personas contagiadas hospitalizadas y 10.500 muertos. Es el segundo país del mundo en número de muertos (sin considerar las falsas cifras reportadas por China) y existen estudios que sostienen que el 10% de la población española podría estar contagiada.
No se sabe hasta cuándo puede durar el confinamiento y no parece que se vaya a levantar hasta antes de mayo. Ante este panorama surgen varias incógnitas sobre las medidas que se aplicarán para normalizar la vida cotidiana una vez la cuarentena se levante. No están claras las medidas para que vuelva a ponerse en marcha la economía, ni en qué sectores ni territorios. Tampoco está claro el protocolo para gestionar e identificar a los inmunizados o confinar a los contagiados utilizando sistemas eficientes de geolocalización o testeos rápidos para eventualmente, ser posteriormente tratados con la vacuna que se desarrolle . En todo caso subsistirá un temor al contagio y los hábitos de comportamiento variarán indudablemente.
Impacto económico
El impacto en la economía española será brutal y obviamente dependerá de la duración del parón económico. Por cada mes que la economía española esté paralizada, se estima que el PIB desciende un 3%.
Desde ya se ha reportado una pérdida en el empleo en el mes de marzo de 800.000 personas y se prevé que el desempleo total alcance los 5.000.000 de parados, un 25 % de la población activa. Los sectores turísticos (13% del PIB), de servicios y restauración (11% del PIB) serán los más perjudicados.
El gobierno ha improvisado medidas insuficientes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y autónomos y no les ha facilitado de liquidez directa. En plena crisis, ha cobrado todas las contribuciones de la seguridad social del mes de marzo.
Las necesidades financieras del Estado para la reactivación de la economía, en caso de que el parón dure tres meses, ascendería a aproximadamente 250.000 millones de euros (20% del PIB), que tendrá que financiar con deuda, impuestos o ajustes presupuestarios, este último punto difícilmente realizable por un gobierno populista de izquierdas.
España debe ya el 95% de su PIB, financiado fundamentalmente con préstamos a bajas tasas del Banco Central Europeo y el sistema financiero español.
Hoy España no puede acudir a los mercados financieros sin comprometer su solvencia económica. Solo puede acudir a los mecanismos de rescate de la Unión Europea. Habrá tensiones en Europa por obtener ese financiamiento. Italia y España presionan para que se haga a través de eurobonos, mutualizando la deuda entre todos los países, sin contrapartidas y sin controles de su utilización. Alemania y Holanda, como ya ha sucedido en el pasado, se han opuesto. El proyecto político del gobierno español pretende utilizar la crisis para profundizar y desarrollar sus políticas populistas y de clientelismo político hacia el Estado.
Pablo Iglesias ya ha manifestado la necesidad de nacionalizar actividades por medio de un tweet. El control que desde Europa se haga del gasto del gobierno como contrapartida al financiamiento que será clave para evitar la ruina de España y la caída del euro.
El sufrimiento en España por la enfermedad es tremendo, pero será transitorio.
Esperemos que no se transforme en un sufrimiento económico permanente.
