Vivimos tiempos especialmente difíciles en Chile. El coronavirus nos tiene prácticamente a todos los habitantes de la Región Metropolitana confinados en nuestras casas, y la cuarentena empieza a mostrar la otra cara de este problema: la crisis económica y social. Miles de familias viven el día a día, y la obligación de mantenerse en sus casas les impide trabajar y generar ingresos para sus familias. El surgimiento de protestas (y no la manipulación política de ellas) debe ser un signo de alerta que nos inste a hacernos cargo de estas realidades.
Como sociedad debemos ir en apoyo de las familias más vulnerables, con un trabajo que involucre a los diversos actores de la vida es comunidad: campañas de ayuda desde la sociedad civil a través de fundaciones y ONG; el aporte de empresas y empresarios, y políticas públicas focalizadas en quienes más lo necesitan. Sin duda el Estado también debe comprometer recursos y acciones para no dejar a nadie en el abandono, pero el compromiso con las familias más vulnerables que sufren la pandemia social debe ser de toda la sociedad.
Se ha dicho que tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales, y bajo ese pretexto algunos políticos -de lado y lado- han promovido expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores (seguramente sin indemnización), volver a subir los impuestos y fijar precios a algunos productos para hacer frente a la crisis social. Como en otras ocasiones, los tiempos de crisis son caldo de cultivo para que líderes ideológicos o demagógicos intenten instalar sus recetas de siempre, con la lamentable suscripción de algunos dirigentes políticos nobles.
Iniciativas como la fijación de precios a productos perjudicarían gravemente a las personas, como se demostró en el pasado en Chile y como ha quedado claro en otras sociedades en la actualidad. Sin ir más lejos, Argentina quiso fijar precios de algunos artículos, y hace poco nos enteramos que ha entrado en el noveno default de su historia. España, por su parte, intentó fijar el precio de las mascarillas, y a los pocos días se enfrentó a la escasez.
Ante esto, quienes creemos en una sociedad libre y justa, y por ende en la importancia de hacernos cargo de las injusticias con sentido de urgencia, tenemos hoy dos tareas fundamentales: primero, con claridad y mostrando evidencia debemos denunciar lo pernicioso que resultan las fórmulas añejas y fallidas de quienes pretenden volver a fijar los precios de los productos, de quienes insisten en subir impuestos (y seguir paralizando la inversión) y de quienes quieren apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Pero, a su vez, debemos promover con fuerza las políticas que estimulen la inversión, la creación de empleo y el emprendimiento post crisis, por ejemplo, aliviando la carga tributaria, mediante una rebaja al impuesto a las empresas, de manera que puedan generar más y mejores puestos de trabajo.
A su vez, el Estado tiene el deber de hacer un esfuerzo, reduciendo gasto político a través de diversas medidas como la rebaja en los sueldos a altos funcionarios y parlamentarios; evaluando la pertinencia de programas sociales mal evaluados y poco eficientes; y fusionando ministerios y subsecretarías. Con ello se liberarían cientos de millones de dólares que deberían ir directamente a promover un gasto social efectivo.
Ante tiempos excepcionales, medidas excepcionales, creativas y justas; y no insistir, nuevamente, en medidas fracasadas.
