La presencia de los casinos online en Chile ha desatado una larga disputa, cuya trama sumó un nuevo episodio en la última semana. La actividad crece cada vez más, lo que se evidencia en la constante publicidad dentro de las competencias deportivas, y mientras eso ocurre, se han dado señales contrapuestas respecto a su funcionamiento, ya que por un lado se ordenó el bloqueo de estos sitios ilegales, pero por el otro se estableció un mecanismo para que estas plataformas paguen IVA.
Todo esto a la espera de que avance el proyecto que regula a estos operadores, el cual aún permanece en el Congreso.
El debate sobre este asunto se reabrió durante la última semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera adoptar el mecanismo de bloqueo por DNS de dominios (previamente identificados y validados como ilegales) para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, que impide la transmisión y promoción de juegos de azar en línea.
En resumen, se trata de un proceso de cinco etapas: En primer lugar, Polla o Lotería deberán denunciar ante la Superintendencia de Casinos aquellos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados que puedan pertenecer a casinos online y luego este organismo se encargará de determinar si ello es efectivo o no. Esta información luego será remitida a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que se encargará de comunicar a las telcos la lista de dominios para que ejecuten el bloqueo, fijando además un sistema de revisión permanente para botar rápidamente los “sitios espejo” que intenten saltarse la medida.
Los alcances y los flancos abiertos que deja el fallo que ordena bloquear las casas de apuestas online
El fallo del tribunal de alzada detalló el modelo que se adoptará. Sin embargo, falta algo esencial para dar certezas sobre este cumplimiento: los plazos, ya que no establece una fecha ni un límite de tiempo para poner en marcha el procedimiento.
Consultados por EL DÍNAMO, desde la Subtel afirmaron que los plazos para concretar las medidas “dependerán del volumen y la complejidad de la nómina de dominios que valide la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Una vez recibida dicha información, Subtel comunicará a los ISP un plazo acotado y proporcional para la ejecución del bloqueo, procurando que el proceso se desarrolle con la máxima celeridad y dentro del marco establecido por la resolución judicial”.
Respecto a los alcances que puede tener este fallo, “por el momento es imposible determinar su efecto, ya que en dicho cúmplase se definen un conjunto de exigencias a la SUBTEL y a la Superintendencia de Casinos de Juego; que en el caso de la Superintendencia exceden los ámbitos de su competencia, ya que dicho organismo está limitado solo a los casinos presenciales”, afirmó a este medio, Francisco Leiva, exsuperintendente de Casinos y actual director de AgruGaming, gremio de proveedores de plataformas de apuestas online.
Por ello, comentó que “solo queda esperar para ir viendo los efectos prácticos”, aunque enfatizó que “no es la mejor solución para nadie. Solo ha agregado más incertidumbre”.
Desde la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), que está conformada por Latamwin, Juegaenlinea, Betsson y Coolbet, también manifestaron reparos en torno a las facultades de la SCJ. “Es preocupante que se le esté atribuyendo una función que excede las competencias que la ley le entrega, al tiempo que se establece un mecanismo de bloqueo que plantea serias interrogantes respecto del principio de neutralidad de la red”, cuestionaron.
Por su parte, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) valoró la resolución, señalando que “estamos expectantes y colaboraremos en hacer efectivo este mecanismo de bloqueo en lo que como gremio nos competa”.
No obstante, cuestionó que mientras la justicia ordena bloquear sitios que operan fuera de la legalidad, “el Servicio de Impuestos Internos (SII) haya habilitado administrativamente un mecanismo para que esas mismas plataformas se inscriban y paguen IVA”.
“El Estado debe actuar de manera coherente frente a esta actividad. El pago de impuestos no reemplaza una autorización para operar ni los controles sectoriales que requiere una actividad de esta naturaleza, añadió el organismo.
¿Cómo sigue la tramitación del proyecto que regula las casas de apuestas online?
En medio de esta disputa, en el Congreso continúa la tramitación del proyecto que regula el funcionamiento de los casinos online. Actualmente, dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Economía del Senado, donde ya se presentaron indicaciones.
Son más de 570 indicaciones que acumula el proyecto, donde destaca la prohibición del acceso a menores de edad mediante control biométrico, combate a la ludopatía, establecimiento de una plataforma social en beneficio de los actuales trabajadores de los casinos tradicionales y, en definitiva, poder transparentar la actividad y regularla, según comentó a este medio el senador e integrante de la comisión, Matías Walker (Demócratas).
“Para ordenar ese trabajo funciona una mesa técnica de asesores de la comisión junto con el Ejecutivo. El plazo con el que trabajamos es contar, en la primera semana de septiembre, con una propuesta de articulado que recoja las observaciones de los parlamentarios miembros de la comisión”, expuso el senador Diego Ibáñez (FA).
De acuerdo al frenteamplista, hay una necesidad de despachar la iniciativa cuanto antes, puesto que existe una “incompatibilidad” respecto a lo que ordenan los tribunales y lo que establece el SII sobre la declaración y pago de impuestos.
Ante esto, Walker describe la situación de los casinos online como “lo peor de los mundos”, aseverando que “claramente no tienen que pagar solo IVA, tienen que aplicar sus impuestos específicos y para eso hay que legislar. Y hay que legislar, entre otras cosas, para que efectivamente se puedan bloquear sitios web que hoy día están operando sin una licencia por parte del Estado”.
Los ejes del proyecto y los desafíos en torno a la actividad
La iniciativa busca generar un mercado competitivo de apuestas en línea, considerando otras formas de juego actualmente legales; resguardar la fe pública; proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores; transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas; y contribuir a la recaudación fiscal.
Según el texto que despachó la Cámara Baja, el informe financiero indica que se espera recaudar en régimen 84 mil millones de pesos al año. Esto, a través de gravámenes, impuestos generales y específicos, a la actividad.
Bajo este contexto, Walker aseguró que es clave que las empresas que deseen operar estas plataformas lo hagan bajo una licencia, “con prohibición expresa de acceso a menores de edad, con mecanismos de control y conocer los beneficiarios finales, es decir, los dueños de las casas de apuestas en línea”.
Sobre lo último, ejemplificó con el caso de Apuestas Royal que, pese a auspiciar a 15 clubes del fútbol chileno, “nadie sabe quiénes son los capitales que están detrás de la plataforma que tiene sede en Aragua”.
A lo que agregó: “El hecho de que hoy día no estén reguladas, la actividad es campo propicio para que el crimen organizado ocupe la plataforma de apuestas en línea como fachada para el lavado de activos”.
Desde AgruGaming, Leiva coincide en que se canalice a los jugadores a las plataformas con licencia y se apliquen restricciones a menores, añadiendo que se debe promover “el cuidado de los jugadores con juego patológico a través de los Programas de Juego Responsable y garantizar el control y prevención del lavado de activos”.
Lo anterior, “significa que la regulación debe posibilitar el desarrollo de un modelo de negocio que permita a las empresas de juego online ofrecer un producto competitivo en variedad, calidad y precio; con un gravamen fiscal acorde al modelo de negocio del juego online, muy diferente al juego presencial. De manera que la oferta regulada sea competitiva para evitar las ventajas de la oferta offshore, permitiendo al mercado regulado absorber la mayor parte del volumen de juego online”.
Por su lado, la ACCJ emplazó al Ejecutivo a asumir “un rol de conducción, establecer una hoja de ruta y contribuir a que exista un calendario claro”.
En este marco, hicieron alusión a la necesidad de modernizar el régimen aplicable a los casinos presenciales para “evitar profundizar las asimetrías existentes”.
“Regular no puede significar simplemente legalizar a quienes han operado al margen de la ley. La futura normativa debe establecer reglas exigentes, fiscalizables y equivalentes para todos quienes participen de esta actividad”, sostuvieron.
