Cuando el gobierno quiere instalar un problema ciudadano como prioridad, sabe cómo hacerlo: le pone nombre, cronograma y cifras. Así nació el Plan de Infraestructura Penitenciaria, que promete 20 mil nuevas plazas hasta 2030. Así se presentó el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, con 65 medidas y 26 proyectos de ley. Así se tramitó la Ley de Reconstrucción. Cada uno de esos planes convierte un problema disperso en una historia con hitos y responsables. Frente al empleo, en cambio, no existe un relato equivalente, pese a que sus cifras son, a lo menos, igual de graves.
Los números explican la urgencia. Chile completa 42 meses consecutivos con desocupación igual o superior al 8%. En el trimestre abril-junio de 2026, la tasa llegó a 9,4% con una informalidad laboral de 27%. Casi un millón de personas buscan trabajo sin encontrarlo. Entre las mujeres, la desocupación alcanza 10,4% y entre los jóvenes, roza el 25%. No es una cifra de coyuntura: es una crisis tan persistente como la de seguridad, aunque no se la trate con la misma intensidad comunicacional.
No es que falte política pública. Esta semana la Comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala el proyecto de Sala Cuna Universal que elimina la exigencia del artículo 203 del Código del Trabajo y busca terminar con una discriminación de más de un siglo contra la contratación de mujeres. Pero buena parte del debate de las últimas semanas se concentró en si la sala cuna es un derecho educativo o uno laboral, con parlamentarios discutiendo si el “sujeto de derecho” es el niño o la trabajadora, y con otros que incluso plantean que reducirla a una herramienta de empleabilidad sería una mirada parcial. Es una discusión legítima, pero desplaza el foco pro empleo, que es lo central, y ese foco corre el riesgo de perderse en la discusión sobre su naturaleza jurídica.
Además de la Sala Cuna Universal, el gobierno le dio urgencia al proyecto de contrato por horas, se anuncian ajustes en curso a la ley de 40 horas y una Mesa Interministerial por el Empleo. El problema no es de sustancia, sino de arquitectura: son iniciativas dispersas, cada una narrada por separado y discutida en sus propios términos —si la sala cuna es educación o trabajo, si el contrato por horas precariza o flexibiliza—, sin un marco que las una bajo una sola prioridad reconocible.
El desafío no es solo aprobar más leyes, sino que el gobierno decida contarle al país que el empleo es tan prioritario como la seguridad o la reconstrucción. Eso supone un plan identificable, con metas de empleo formal y de reducción de la brecha femenina y juvenil, con plazos verificables y con un vocero que lo sostenga en el tiempo, tal como ocurre hoy con la seguridad. Mientras eso no ocurra, cada proyecto seguirá librando su propia batalla comunicacional por separado y la crisis laboral continuará compitiendo en desventaja por un lugar en la agenda pública que sus propias cifras ya le deberían haber asegurado.
