La crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial ha dejado de manifiesto las dificultades económicas que viven muchos de nuestros compatriotas, en particular por al alza en la tasa de desempleo, la que llegó al 9%, mermando sus ingresos y con esto, su capacidad de pago.
Esto afecta todas las aristas de la sociedad, incluyendo a nuestras instituciones de educación superior (IES), que han visto caer sus ingresos, y con ello, su capacidad para sostener su proyecto educativo en el tiempo. Según estimaciones de Acción Educar, si sólo los alumnos del último quintil de ingresos cumplieran con sus obligaciones de pago, un 65% de las IES no tendría la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Si a esto le sumamos que cinco instituciones han expresado la voluntad de adherirse a la política de gratuidad, vemos que existen fuertes presiones fiscales, pues dicha petición implicaría un aumento del gasto permanente que bordea los US $47 millones anuales.
Bajo este escenario, urge volver a centrar la discusión en un mecanismo que aliviane la carga financiera de los estudiantes, permitiendo que las IES sigan cumpliendo con su plan de estudios (ya que los aranceles son un porcentaje importante de sus ingresos) y, que a la vez, sea financieramente sustentable para el Estado.
En este sentido, un sistema de créditos se constituye como una alternativa viable para ambos grupos; permitiría que aquellos que ven comprometidos sus ingresos hoy, puedan gozar del beneficio de no pagar mientras estudian, al tiempo que permite al fisco recuperar parte de la inversión realizada y con esto asegurar la permanencia de la política en el tiempo, sin comprometer recursos futuros, como lo es el caso de la gratuidad.
El Crédito con Aval del Estado (CAE), si bien puede ser mejorado, al ser contingente al ingreso se hace cargo de esta situación. A pesar de que la pandemia ha significado que muchos deudores que se encontraban al día en sus pagos hayan incurrido en mayores tasas de morosidad, la historia pasada del CAE muestra que los estudiantes sí tienen capacidad de pago futura. De hecho, previo a la pandemia, un 57,1% de los deudores con cuadro de pago activo mantenía sus cuotas al día, tendencia que se daba incluso en los deciles más bajos. Además, en promedio, la cuota mensual de los deudores egresados es de $22.700 aproximadamente.
Por tanto, más que eliminar un sistema de créditos, resulta clave mejorar las facilidades de pago y los beneficios que se dan, como la suspensión por cesantía o la rebaja de cuotas conforme al nivel de ingreso, a fin de prevenir situaciones de agobio producto del sobrendeudamiento que se genera al caer en morosidad. Para esto es fundamental acelerar la reprogramación de todos aquellos que tienen la intención de retomar sus pagos y que quedó definida en la Ley de Presupuesto.
En tiempos como los actuales, donde las necesidades tienden a multiplicarse, es clave buscar soluciones que resulten adecuadas y financieramente sostenibles para el Estado, para así priorizar los gastos en aquellas áreas más relevantes y evitar desembolsos extraordinarios que terminen siendo regresivos y que perjudiquen, justamente, a quienes se busca ayudar.
