El Instituto Nacional de Estadísticas anunció que postergará la realización del Censo de Población y Vivienda en un año, iniciando su proceso en marzo de 2023. Las razones esgrimidas ante el actual contexto sanitario son más que evidentes y razonables.
Sin embargo, la postergación del proceso deja en evidencia cuánto nos impactó la fallida ejecución del censo del año 2012.
A pesar de que el año 2017 se realizó un proceso abreviado, preguntas asociadas a las características de las viviendas o caracterización de personas en situación de discapacidad no fueron levantadas y, por tanto, se debe acudir a fuentes auxiliares para su caracterización.
De esta forma, políticas públicas de profunda relevancia para el país que debiesen basarse en la información provista por este instrumento hoy deben sustentarse íntegramente a partir de estudios cualitativos, cuya significancia muestral justamente se basa en la información censal, para así complementar y profundizar en aspectos que el Censo por su naturaleza no indaga.
Cabe señalar que el Censo es nuestra única fuente de datos demográficos que recopila información de forma exhaustiva de toda la población del país, con un nivel de desagregación de la información que permite conocer desde la situación país hasta el nivel de manzanas.
Es de esperar que la apuesta fallida de cambio metodológico ejecutada el año 2012, cuyos resultados fueron objetados internacionalmente, haya dejado suficiente evidencia de cuán importante es este proceso para la toma de decisiones tanto para organismos públicos como de sustento a investigaciones académicas, entre muchos otros propósitos.
Esto, porque no sólo nos reporta cuántos somos, sino también cómo somos y cuánto hemos cambiado, asunto de profunda relevancia ante un contexto que exige argumentos cuantitativos y cualitativos para pensar en el país que queremos construir.
