“Renuncio al Senado y a todos sus privilegios, para volver a la calle como ciudadano”. Con esas palabras Felipe Harboe anunció su dimisión como senador y su candidatura a la Convención Constitucional y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Criticar a un candidato es legítimo en democracia; lo complejo es cuando la crítica a un político particular se traspasa luego a los políticos en general y, rápidamente, se torna en poner en entredicho a la política como esfera de acción.
Esto es lo que ha ocurrido con la candidatura de Harboe: sus detractores han apuntado menos a las ventajas electorales que un ex parlamentario tendrá siempre sobre un ciudadano de a pie o a su historial en el parlamento y como subsecretario – cuestionamientos sin duda legítimos – y mucho más a que su candidatura es un ejemplo de “los partidos” y “los políticos” intentando apoderarse del proceso constituyente. La desconfianza extrema hacia la política formal, aunque comprensible en el caso chileno, no deja de ser peligrosa por lo fácil que puede derivar en una antipolítica.
El primer uso conocido del concepto “antipolítica” data de mediados del siglo XIX. No es de extrañar que así sea: para existir, la antipolítica requiere que la sociedad sea capaz de cuestionar, desconfiar y desencantarse del sistema político formal, y ello sólo es posible en una democracia.
El cuestionar cómo funciona un sistema político no es negativo – todo lo contrario, ha sido causa de grandes avances democráticos –, pero el desencanto extremo conlleva riesgos importantes. El más grave y más común, es la facilidad con la que liderazgos populistas y autoritarios utilizan este discurso antipolítico para presentarse no como opciones políticas diferentes, sino como alternativas distintas a la política en sí. De ahí a que estos liderazgos accedan al poder hay un solo paso, como los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro han demostrado.
Chile posee también su tradición de antipolítica. Ella permitió al ex dictador Carlos Ibáñez Del Campo llegar a ser electo presidente de Chile en 1952 – con su escoba con la que barrería a “los políticos” – y fue pilar central de la dictadura militar de Augusto Pinochet y reforzada luego por el modelo neoliberal que esta implementó. Creer que los procesos sociales iniciados en octubre de 2019 han derrotado del todo a esta antipolítica, es hacer caso omiso de la fuerza con que se ha enraizado durante las últimas cuatro décadas de nuestra historia nacional. Es también ignorar lo fácil que nos es caer en ella, incluso cuando creemos estar siendo críticos y despiertos.
¿Significa esto que no podemos cuestionar a los políticos pues con ello contribuiríamos a reforzar esta situación? Afirmar algo así significaría estar atrapados entre el Escila de la antipolítica y el Caribdis de vaciar la política de la acción ciudadana. No es, por cierto, lo que aquí propongo. La crítica a “los políticos” es válida y necesaria, pero sólo será productiva si va acompañada de acciones concretas que refuercen a su vez “la política”. Ello requerirá dar pasos más allá de la simple crítica: demandará recolectar firmas, salir a la calle, organizar campañas, participar en organizaciones ciudadanas y levantar proyectos colectivos.
El actual proceso constituyente no sólo nos presenta la oportunidad histórica de redactar una nueva Constitución, sino también la de reapropiarnos de esa política a la que tendemos a responsabilizar de todos nuestros males. Cambiar nuestra relación con ella, entendiéndola como esfera de acción y responsabilidad ciudadana, será una de las claves para que nuestro despertar colectivo produzca efectivamente más democracia y dignidad.
