Aunque para muchos pudiera parecer novedoso o excéntrico, la idea de considerar a la naturaleza y a diversas entidades naturales como sujetos de derechos, ha sido formulada ya hace varias décadas en nuestro medio, y alcanzando en algunos países, como en el caso de Ecuador, una consagración a nivel de su Constitución (2008), y en otros, como Colombia, un reconocimiento expreso por parte de sus tribunales de justicia. Más aún, si consideramos las inspiraciones de esta idea en el contexto de América Latina, vemos que esta posibilidad ha resurgido a partir de la cosmovisión ancestral de los Pueblos Originarios de la naturaleza y el ecosistema como un todo en equilibrio.
Pensar en la naturaleza como un sujeto de derechos, que pueda ser hacer exigibles de forma directa sus propios intereses de conservación, confronta directamente la visión extractivista y antropocéntrica sobre la cual hemos construido el discurso de los derechos en nuestras normas, en las políticas públicas y en la mirada general que se ha construido desde la sociedad contemporánea hacia el entorno en que estamos insertos. Esto, porque corresponde una visión centrada en el interés de la sociedad humana (o de una parte privilegiada dentro de ella) para servirse de la naturaleza como un recurso económico.
En estos últimos años, somos testigos del desastre que provoca esta relación de depredación de la naturaleza como objeto y fuente de recursos, al punto de amenazar nuestra propia existencia sobre la misma por las consecuencias del calentamiento global, el cambio climático y la desertificación. Una nueva forma de abordar el vínculo y forma de vida sostenible en el planeta, nos obliga también a repensar y revalorar la idea de una naturaleza con capacidad de tener una defensa autónoma, que pueda equilibrarse al momento de la toma de decisiones, y hacer aplicables estándares de sanidad, protección ecosistémica y
equilibrio ambiental frente a cada decisión que le afecte.
Ante el inicio del proceso constituyente en nuestro país, uno de los primeros aspectos que necesita ser evaluado es esta relación y valoración de la naturaleza dentro de un gran pacto socioambiental, que permita el respeto y desarrollo de todas las formas de vida que habitamos en este territorio. Una de las opciones posibles para encaminarnos a ese objetivo, es pensar en dotar de derechos exigibles a la naturaleza, además de crear órganos autónomos con facultades de ejercer la representación de sus intereses, por ejemplo, una defensoría ambiental, brindando también a las comunidades la posibilidad de actuar en defensa de estos derechos de la naturaleza.
