Tercer retiro: el costo de evitar una crisis
Bajo la excusa de ayudar a los más afectados, se ha llevado adelante una medida altamente ideologizada que no sólo no cumpliría su objetivo, sino que exentaría de impuestos a los contribuyentes de más altos ingresos y generaría un gasto tributario de US $630 millones.
Por Alfredo Maira
A partir de este lunes, comenzará el proceso de solicitud del tercer retiro del 10% de las AFPs. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Alfredo Maira es Investigador de Horizontal
El retiro progresivo de los fondos de pensiones ha acercado, poco a poco, a Chile hacia un nuevo horizonte político, en donde los intereses electorales se anteponen al beneficio de las personas. En este caso, la tercera iteración de la medida ha desdibujado la línea entre izquierda y derecha, y puso a la oposición y el oficialismo en una carrera para determinar su autoría. Mientras que una parte fomenta cualquier idea que le permita mantener algo de popularidad entre una ciudadanía cada vez más desconfiada, la otra gobierna con total falta de convicción. Ambas parecen estar improvisando sobre la marcha y los costos de esto deberán ser asumidos en un futuro no tan lejano por las generaciones más jóvenes.
La afirmación de que “es una mala medida, pero es la única opción ante la falta de respuesta del Gobierno”, ha sido el argumento constantemente esgrimido por congresistas para llevar a cabo este proyecto. A pesar de que la intención puede ser buena, detrás se esconde la cruda realidad de que tres millones de trabajadores -lo más vulnerables- ya no cuentan con ningún peso restante en sus cuentas y, que a aquellos que todavía les queda, los retiros anteriores ya han cubierto -en promedio- con creces la pérdida de sus ingresos producto de la crisis.
Así, bajo la excusa de ayudar a los más afectados por la prolongación de la pandemia, se ha llevado adelante una medida altamente ideologizada que no sólo no cumpliría su objetivo, sino que exentaría de impuestos a los contribuyentes de más altos ingresos y generaría un gasto tributario de US $630 millones. Esto, por supuesto, sin considerar otras consecuencias como las mayores obligaciones futuras para el Estado en concepto de pensiones solidarias, o las posibles demandas a este por parte de aseguradoras de renta vitalicia que sean desprovistas de sus activos.
¿Cómo se puede explicar, entonces, el apoyo a un proyecto tan limitado en su efecto y tan extenso en sus implicancias? Probablemente, la principal razón sea que esta ha dejado de ser vista como una herramienta de política pública y, más bien, se ha transformado en bandera de lucha política; el imperativo moral de devolver a los trabajadores lo que es suyo y que se piensa que ha sido capturado por las AFP. De otra manera, no se explica que ya se esté buscando una cuarta versión de la medida cuando ni siquiera ha comenzado la tercera.
La coronación del espectáculo fue la presentación por parte del Gobierno de su propio proyecto de retiro, el que fue prontamente retirado luego de que el Tribunal Constitucional decidiera no acoger el requerimiento del Ejecutivo. Si bien, la alternativa suponía mejoras sustantivas, lamentablemente se continuó con la lógica de echar mano a los ahorros de los trabajadores en vez de esforzarse por sacar adelante un Ingreso Solidario de Emergencia que convenciera al Congreso.
Quizás, la presión social era demasiada y el retiro era inevitable; es posible que esta haya sido la decisión correcta para mantener una (¿sana?) convivencia. Lo único cierto, es que será trabajo de las generaciones más jóvenes volver a construir un sistema de pensiones que hoy no supimos cuidar.
