Ángeles benevolentes

Álvaro Vergara es Investigador de la Fundación para el Progreso

En su famosa obra “La Democracia en América”, Alexis de Tocqueville relata la anécdota de un grupo de norteamericanos y su abstinencia por beber alcohol. El pensador francés cuenta que se asombró de sobremanera cuando se enteró que cien mil hombres, voluntariamente, se habían comprometido en público a no tomar licores fuertes. Al principio, dice Tocqueville, la cosa le pareció más ridícula que seria. Luego, sin embargo, se daría cuenta del gran trasfondo: los ciudadanos estaban horrorizados de los estragos provocados por el alcoholismo en sus comunidades. “Si estos cien mil hombres hubieran vivido en Francia, cada uno se habría dirigido al gobierno suplicándole que vigilase las tabernas de toda la superficie del reino”, sostuvo.

Yo creo que si Chile tuviese que parecerse a alguno de los dos, sería similar al caso francés, o, siendo realista, sería peor; ya que lo más probable es que nuestros ciudadanos ni siquiera cuenten con la fuerza de voluntad necesaria para solicitar un acto de esa naturaleza. No obstante, lo que sí compartimos, claramente, es ese inocente deseo de que alguien superior nos cuide y nos proteja cuando haga falta. Y es que siempre que algo enturbia la vida social, es común que muchos chilenos concurran hasta el Estado exigiendo que les venga a solucionar los problemas.

Pero lo efectivo es que nuestro Estado no está compuesto por nada parecido a ángeles benevolentes, al contrario; está integrado por personas con vicios y defectos tan vulgares como los propios, y no dudarán en legislar para obtener todos los beneficios personales posibles —de ahí la importancia de los límites que es capaz de proveer la ley—. La enfermedad se vuelve más peligrosa aún cuando esta búsqueda de beneficios se camufla bajo el eslogan que se estaría legislando a favor del “pueblo”, ya que este último suele ser fácil de engañar. Se da rienda suelta así a la utilización de funciones públicas con intereses privados.

El proyecto de “indulto a los presos de la revuelta”—que no es un indulto en verdad— puede perfectamente incluirse dentro del ciclo legislativo perverso que describo, donde, haciéndolo pasar por una causa noble en favor de inocentes “perseguidos políticos”, se intenta en realidad dar privilegios procesales a grupos particulares con el criterio rector de la afinidad política. Esta lógica llega a tal nivel, que incluso para lograr tales fines, se desvirtúa el lenguaje y los conceptos para que cuadren con sus propósitos. Así, para quienes apoyan el proyecto, los “presos políticos” serían personas detenidas por cometer “hechos políticos”. Sin embargo, y según la misma definición de Amnistía Internacional, presos políticos son “aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma”. Pero las 26 personas que se encuentran en esa situación son delincuentes que perpetraron actos terribles, como la destrucción de la propiedad pública y privada, lanzamiento de bombas “molotov” y quema de iglesias. Lo verdaderamente extraño es que si el “estallido social” abogaba por la “abolición de los privilegios”, este proyecto avanza para establecerlos por un acto legislativo.

En la misma dirección se encuentra el proyecto presentado por diputados del PC y del Frente Amplio que reduce los requisitos para que los independientes puedan postular a escaños en el Congreso. Resulta sospechoso que a días de obtener los resultados muy positivos para ellos en las elecciones, se presente este proyecto teniendo como grandes beneficiarios a sus promotores. Aprobarlo, sería la destrucción de nuestro debilitado sistema de partidos, ya que permite a los independientes tener casi los mismos beneficios electorales sin los costos que asumen los partidos.

Lo mismo con el intento para reponer el voto obligatorio: ¿por qué no se presentó antes de las elecciones trascendentales que venían? Además, con la vuelta de la obligación del sufragio, partidos y candidatos se asegurarán de obtener el máximo de financiamiento público legal, cuando el destino de esos dineros podría ir dirigido hacia otras áreas más urgentes. Es decir, son nuevos y mejores beneficios para nuestros protectores.

Este tipo de conflicto de intereses lo único que hace es debilitar aún más la representación, tanto la jurídica como la política. Es poco probable que este tipo de iniciativas vayan en realidad a beneficio de la ciudadanía. Más bien, parece ser que lo único que busca el PC y el Frente Amplio con este tipo de proyectos es el reemplazo de la oligarquía de los partidos por otra: la de ellos mismos. Así funciona la “Ley de las oligarquías”, como le llamó Robert Michels. De ángeles nada, de benevolentes menos.