Acusación constitucional: un problema para todos

La principal consecuencia de la acusación constitucional será distraer al Mineduc de su labor de garantizar el derecho de la educación a todos nuestros niños, niñas y adolescentes; y la demostración de que los diputados de oposición están más interesados en buscar la pelea rápida y ruidosa con el Gobierno, que en desarrollar propuestas que beneficien a nuestros estudiantes.

Por Pía Turner Encargada de Proyectos de Acción Educar › Actualizado: 08:11 hrs
"Poner al Mineduc en una posición de defenderse y, posiblemente, buscar un nuevo líder; solo irá en detrimento de nuestros niños y adolescentes". AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El martes se presentó una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y cuyas causales se agrupan en torno a la vulneración del derecho a la educación, a la vulneración de los trabajadores de la educación y a la amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Todo ello en relación a la estrategia de impulsar la educación presencial en la pandemia por sobre la modalidad online. Sin embargo, esta es una pésima iniciativa con consecuencias negativas, no solo para el ministro, sino que también para nuestros estudiantes y para los patrocinantes de la misma. En esta columna expondré algunos de los motivos de ello.

Primero, y lo más importante, es porque dada la situación actual de la pandemia, estamos en el mejor momento para impulsar la necesaria apertura de todos los establecimientos educacionales que todavía no han podido hacerlo, y de aprovechar los nuevos recursos que se pusieron en disposición para ello. Poner al Ministerio de Educación en una posición de defenderse y, posiblemente, buscar un nuevo líder; solo irá en detrimento de nuestros niños, niñas y adolescentes; que necesitan que todos los esfuerzos se pongan en función de ellos y de su aprendizaje y bienestar.

Segundo, porque el gran impulsor de esta idea ha sido, desde casi el inicio de la pandemia, el Colegio de Profesores, cuyas posturas son de lo más extremo en la política pública educativa, al punto que de a poco se ha ido quedando solo. No olvidemos su reciente enfrentamiento con el Colegio Médico, cuando presentaron su propuesta con los establecimientos educacionales siendo los primeros en abrir, y que la Defensora de la Niñez ha criticado públicamente su negación a abrir los colegios.

Tercero, en marzo de este año, 7.917 establecimientos, públicos y privados, abrieron presencialmente, y en tan solo el 2,25% de ellos hubo casos de contagio entre miembros de la comunidad educativa. Estos números van en línea con la evidencia internacional, que ha mostrado que es posible tener educación presencial con muy bajo riesgo para quienes asisten a ella.

Por último, con todos sus aciertos y errores en la implementación, la estrategia de que los establecimientos educacionales fueran lo último en cerrar y lo primero en abrir no es un invento local, sino que es lo que han recomendado los organismos internacionales, lo que han hecho la mayoría de los países más desarrollados y lo que han pedido muchos especialistas en salud infantil y en educación. Con esta acusación los honorables repiten la total desconexión que mostraron al proponer, más de una vez, que los establecimientos educacionales sean lo último en poder abrir en el Plan Paso a Paso.

En resumen, la principal consecuencia de la acusación constitucional será distraer al Ministerio de Educación de su labor de garantizar el derecho de la educación a todos nuestros niños, niñas y adolescentes; y la demostración, una vez más, de que los diputados y diputadas de oposición en la Cámara están más interesados en buscar la pelea rápida y ruidosa con el Gobierno, que en desarrollar propuestas que beneficien a nuestros estudiantes. 

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