Fortalecer la educación pública, pero no a costa de la diversidad
La discusión debe enfocarse en cómo lograremos mejorar de verdad la educación pública, y no en cómo seguir limitando la diversidad e inclusión de proyectos educativos para las familias chilenas.
Por Pía Turner
En el contexto actual de la educación chilena, qué duda cabe de que fortalecer la educación pública debe ser la prioridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Pía Turner es Encargada de Proyectos de Acción Educar
A pesar de que poco se ha hablado de educación en los debates presidenciales y constitucionales, cuando se ha hecho, hay quienes no pierden la oportunidad de indicar que hay que reformar nuestra educación “neoliberal” con el objetivo de fortalecer la educación pública. Así, la actual precandidata de la Democracia Cristiana, refiriéndose a una ex ministra y ex militante DC, quien es sostenedora de dos colegios, no tuvo problemas en señalar que “ella lo que representa es de aquellos que formaban parte de la recuperación de la democracia, pero que se sintieron muy cómodos con el negocio y con el modelo neoliberal… ella pareciera que no le ve problemas a lucrar con los recursos del Estado”. A su vez, un conocido constituyente dijo que “yo estoy por terminar con los colegios particulares subvencionados, porque en el fondo no tenemos por qué, los chilenos y chilenas, a través de nuestros impuestos, pagarles a privados, a pesar de que Bachelet logró que ya no tuvieran lucro. La idea es que el Estado se haga cargo, entre otras cosas, de la educación pública.”
Con estos y otros comentarios parecidos, se pretende instaurar la idea de que el financiamiento estatal que hoy reciben colegios particulares subvencionados es equivalente a permitir que privados hagan negocios con dinero fiscal, a la vez de descuidar el rol que el Estado tiene en la educación pública. Sin embargo, estas declaraciones, ya sea por ignorancia o por cálculo político, caen en dos falacias. La primera, es que omiten deliberadamente la totalidad de reformas de la Ley de Inclusión Escolar, la cual eliminó el lucro en aquellos establecimientos financiados por el Estado, puso fin al copago -lo que debiera de concretarse para todos los colegios dentro de unos años- y prohibió la selección de alumnos en colegios particulares subvencionados, integrándolos al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Como resultado, y a pesar de que existen muchos espacios de mejora, especialmente en el SAE, hoy todas las familias pueden acceder a los colegios particulares subvencionados, independiente de su capacidad de pago.
La segunda falacia proviene de limitar el valor de la educación particular subvencionada al rol de quienes la sostienen, pasando por alto el derecho humano que tienen las familias de elegir la educación más adecuada para sus hijos y proyectos de vida. En la práctica, la concreción de ello solo se logra si existe diversidad de proyectos educativos, los que deben ser financiados por el Estado para que todas las familias tengan acceso. El ejemplo más obvio de la necesidad de estos colegios es el caso de las familias que profesan alguna religión y quieren darles a sus hijos una educación acorde a ella. No obstante, la diversidad de proyectos educativos no se limita a la educación confesional, y los establecimientos pueden diferenciarse en un sinfín de otras formas.
En el contexto actual de la educación chilena, qué duda cabe de que fortalecer la educación pública debe ser la prioridad, avanzando desde las reformas estructurales al sistema hacia las que apunten a que todo niño y niña acceda a educación inicial de calidad, a tener más y mejores profesores, a transformar lo que ocurre dentro del aula y a brindar un mayor apoyo a las familias más vulnerables, de manera de influir también en lo que ocurre fuera de la sala de clases. En efecto, la discusión actual debe enfocarse en cómo lograremos mejorar de verdad la educación pública, y no en cómo seguir limitando la diversidad e inclusión de proyectos educativos para las familias chilenas.
