Una migración segura para las familias
El compromiso, en lo inmediato, debe apuntar a responder articuladamente a la crisis humanitaria de la que muchos y muchas somos testigos -y las familias y sus niños/as, víctimas- pero, en un corto plazo, a generar respuestas institucionales efectivas orientadas a proveer de condiciones que otorguen seguridad, confianza y oportunidades.
Por Andrés Echeverría
Se estima que entre un 25 y un 30% de las personas que entran en forma irregular son niños, niñas y adolescentes. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Andrés Echeverría es Director de la Plataforma de Migraciones de la Fundación Horizonte Ciudadano
La Ley 21.325 de Migración y Extranjería, publicada en abril de 2021, se alinea con la Agenda 2030 y el Pacto Mundial por la Migración Ordenada, Segura y Regular que ha sido suscrito por más de 160 países, entre los cuales no está Chile.
El resultado de no suscribir este compromiso se observa con claridad en la Región de Tarapacá. Según la encuesta Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, realizada por la OIM Chile a migrantes venezolanos en marzo de 2021, casi el 80% de los y las sondeados ingresó a la región con recursos para subsistir sólo dos días.
Se estima que entre un 25 y un 30% de las personas que entran en forma irregular son niños, niñas y adolescentes.
Desde la perspectiva de la niñez, estos datos son preocupantes. Hablamos de menores que no cuentan con condiciones fundamentales para su desarrollo y bienestar.
En este contexto, la migración irregular es una realidad -nacional y mundial- que podrá intentar controlarse, pero en ningún caso detenerse.
El control de fronteras y las medidas de expulsión observadas a través de los medios de prensa son acciones que no resuelven el fondo de la situación, a la vez que instalan la idea que la migración es un problema de seguridad pública.
Por lo mismo, es imperativo comprometerse con la seguridad en el sentido amplio de la palabra; no sólo agudizando los controles en la frontera sino que abordando la protección de las familias migrantes, que en su tránsito se exponen a vulnerabilidades de distinto tipo, siendo los niños, niñas y adolescentes quienes se ven mayormente perjudicados.
Este compromiso, en lo inmediato, debe apuntar a responder articuladamente a la crisis humanitaria de la que muchos y muchas somos testigos -y las familias y sus niños/as, víctimas- pero, en un corto plazo, a generar respuestas institucionales efectivas orientadas a proveer de condiciones que otorguen seguridad, confianza y oportunidades.
