Debemos defender nuestras instituciones, incluyendo la Presidencia de la República

Raúl Saldívar es Diputado Socialista por la Región de Coquimbo

En la Cámara de Diputados se encuentra en proceso la acusación constitucional que un grupo de diputados, haciendo uso de nuestras atribuciones, presentó en contra del Presidente de la República, don Sebastián Piñera, la cual respaldaré como miembro de una de las bancadas que la patrocinó. Sobre ésta se ha querido hacer ver que lo único que persigue es denostar al Gobierno, y así, arteramente, obtener réditos político-electorales en tiempos de campaña, lo cual no puede estar más alejado de la realidad, debido a que al Presidente se le acusó por circunstancias establecidas en la Constitución: el incumplimiento de la Constitución y la leyes y por haber afectado gravemente el honor de la nación ante la comunidad internacional.

La acusación constitucional cuenta de dos artículos acusatorios: el primero guarda relación con la vulneración, por parte del Presidente, de la Constitución y las leyes, específicamente en cuanto a su deber de actuar en el marco del principio de probidad y el de vulnerar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación; y el segundo, por haber comprometido gravemente el honor de la Nación, esto debido a que el Estado de Chile, bajo el mandato del Presidente Piñera, no ha ratificado un acuerdo internacional del cual fue uno de los principales promotores, el acuerdo de Escazú.

Cabe hacer presente que ambos capítulos acusatorios se encuentran relacionados con el mediático y —a estas alturas— emblemático proyecto Dominga, proyecto minero que incluye la construcción de un puerto privado y que ha generado no sólo rechazo de las comunidades, sino también de los expertos, pues con su realización se estaría infligiendo un daño irremediable al ecosistema de la zona.

Sobre el primer capítulo acusatorio, que concierne a las faltas a la probidad y al derecho a vivir en un medio libre de contaminación, se podría hablar incluso de corrupción, pues, de acuerdo a distintas posturas, los actos que dieron pie a la acusación pueden enmarcarse en ellas. En efecto, como señala la organización no gubernamental Transparencia Internacional, corrupción es “el abuso del poder encomendado para beneficio particular”. Por su parte, Jorge Malem, indica que corrupción es “la apropiación por parte de los funcionarios de bienes que tenga a su cargo o que preste el consentimiento para que un tercero se apropie de ellos o las extracciones ilegales que consisten en que un funcionario exige derechos, tarifas o minutas no debidas o las exige por una cuantía mayor de lo legalmente establecido y la revelación de secretos e informaciones cuando con ese acto ese funcionario espera obtener un beneficio para sí o para un tercero, económico o de otro tipo” En este caso, cuando el presidente desistió con barrancones, él y su familia tenían intereses económicos en el proyecto Dominga, proyecto que resultó como principal beneficiado de aquella decisión basada, mediáticamente, en la capacidad del mandatario de escuchar el clamor popular. Sin embargo, su familia, era accionista de Minera Andes Iron, la sociedad matriz del Proyecto Dominga, y luego, tras la bajada de Barrancones, se retiraron en una transacción de 6 765 millones de pesos.

En cuanto al segundo capítulo acusatorio, al no firmar el Acuerdo de Escazú se afectó gravemente el honor de la Nación, porque se echó por tierra el trabajo realizado por el Estado chileno, ya que no sólo participó activamente en la gestación y elaboración de este acuerdo, sino que actuó en la calidad de copresidente, junto a Costa Rica. Dicho acuerdo dice relación con el derecho a la información ambiental, la participación pública y el proceso de toda de decisiones ambientales, lo que es un gran avance. Y además, establece los principios preventivo y precautorio, esenciales en el contexto en que nos encontramos, en que el cambio climático es una realidad, y que, como estados, estamos llamados a hacer todo lo necesario para enfrentarlo. No obstante, la principal investidura del país, en vez de liderarnos, se opone a las acciones concretas, demostrando con su actuar dos cosas: no ser el líder que requerimos y que su verdadero interés es el negocio.

Además de hacer prevalecer intereses particulares por sobre los de la Nación, el Presidente ha manchado y dañado la imagen del país a nivel internacional, pues pone en entredicho la capacidad de nuestro Estado de estar a la altura en materia de conflicto de interés. En definitiva, la máxima autoridad de la República, Sebastián Piñera, ha utilizado su investidura con el objetivo velado de agilizar la realización de negocios particulares, e incluso, propiciar las condiciones para incrementar aún más su fortuna, lo cual es especialmente reprochable en un contexto en que, mientras la mayor parte del pueblo Chile se ha empobrecido, la suya y otras grandes fortunas se han incrementado sustancialmente.

Finalmente, y una vez analizados los factores, considero que el Presidente Piñera, sin lugar a dudas, ha mancillado la institución de la Presidencia de la República, por lo que la acusación en curso tiene pleno asidero, la que se ve reforzada también con el proceso en curso llevado por la Fiscalía Nacional por cohecho, negociación incompatible y otros delitos, por la cual se encuentra en la calidad de imputado. En este sentido, más allá de su responsabilidad penal o del resultado de dicha investigación, los antecedentes hacen que su responsabilidad política sea algo, a mi juicio, incuestionable, por lo que, como señalé al comienzo, apoyaré la acusación en la Cámara de Diputados.