En internet lo bautizaron rápidamente como el “impuesto a la soltería”. Y, seamos honestos, el nombre tenía todo para viralizarse: polémico, incómodo y perfecto para generar discusión. ¿Pero qué es realmente lo que se ha denominado así?
Lo que Japón comenzó a cobrar desde abril y mayo de este año es un aporte agregado al seguro público de salud, llamado Contribución de Apoyo a la Infancia y Crianza. Es decir, al pagar el descuento por salud, ahora se suma un cargo más, con este fin. Esto con el objetivo de incentivar la crianza, dada la crisis demográfica que enfrenta Japón: lleva cerca de una década con caídas consecutivas en la natalidad, al mismo tiempo que la población envejece rápidamente. Casi un tercio de la población tiene más de 65 años, lo que significa menos gente en edad de trabajar.
¿Quiénes pagan este nuevo aporte? Todos los afiliados al sistema público de salud de Japón. ¿Y quiénes son? Prácticamente, todos los trabajadores, independientemente de su estado civil o de si tienen o no hijos, porque en ese país, a diferencia del nuestro, todos están adscritos a ése (a excepción de niños o familiares que son inscritos como cargas de otros).
De aquí, entonces, vienen los primeros cuestionamientos: ¿por qué tengo que pagar por beneficios que no usaré?, ¿están castigando decisiones personales? Pero esas preguntas se vieron aún más reforzadas por cómo funciona el sistema de salud privado en Japón: no hay sólo un seguro, hay más. Los descuentos se hacen o en base al sueldo individual o en base al ingreso familiar. Entonces, proporcionalmente, quienes no tienen hijos podrían terminar pagando más, por beneficios que no usarán directamente.
Pero mientras más se analiza el caso japonés, más evidente se vuelven varias preguntas de fondo. ¿Es justo pagar algo que no usaré? ¿se está castigando una decisión personal? ¿Basta un impuesto para subir la natalidad? ¿cómo mantenemos el sistema?
Me parecen preguntas muy válidas, que además, permiten comprender las razones de ser de los sistemas tributarios. Los impuestos, en cualquier caso, se cobran para sostener bienes y servicios que por algún motivo el mercado no garantiza para todos (por ejemplo, pensemos en el transporte); o para financiar políticas públicas que buscan corregir desigualdades o problemas de la sociedad, como por ejemplo, la natalidad. Entonces… ¿es justo pagar algo que no usaré directamente? La verdad, es que lo hacemos con más frecuencia de lo que pensamos: sanos (y enfermos) pagan salud de enfermos, personas con y sin hijos colaboran a financiar la educación pública, y así. Estos son ejemplos genéricos, pero pensemos en la Ley Sanna. Todos los trabajadores aportamos para que padres y madres trabajadores que tienen hijos entre 1 y 18 años con enfermedad o accidente grave puedan cuidarlos. Prima un principio de solidaridad para que funcione lo colectivo.
¿Se está castigando una decisión personal? Tal vez el error es mirar la discusión como una pelea entre “personas con hijos” y “personas sin hijos”. Las sociedades funcionan precisamente porque distintos grupos sostienen partes distintas del sistema. Algunos aportan criando futuras generaciones; otros lo hacen desde el trabajo, la innovación, la actividad económica, etc. No es una competencia de quién aporta más, sino una red donde casi todo termina conectado.
Y ¿basta con un impuesto para incentivar la natalidad? Claramente no, pero no es la primera medida que toma Japón. Pero sí, recordemos, que los impuestos se usan para impulsar o desacelerar conductas. Por ejemplo, impuesto al tabaco, a las bebidas con azúcar, etc. O el otro lado de la moneda: incentivos tributarios a proyectos amigables con el medioambiente, o a quienes tienen APV. Pero claro, cualquiera de estos problemas son multidimensionales, no sólo tributarios o económicos.
Lo interesante, es que es una discusión que trasciende a Japón, porque de hecho, podemos mirarla en nuestro contexto chileno: ¿nos acercamos a ese extremo? Pero también es algo que excede a la soltería o a los hijos, porque los impuestos asumen que funcionamos en un sistema colectivo, y se necesita un principio de solidaridad. Obviamente, bajo el entendido, o al menos la esperanza, de que los impuestos sean usados correctamente por las autoridades… pero ése es otro tema.
