Una aspirina de humo para el financiamiento de la educación superior
En un contexto donde las expectativas en torno a la condonación del CAE son peligrosamente altas, y ante la ausencia de mensajes claros respecto a quiénes beneficiará, al parecer esta repentina intención de acelerar la tramitación de la moción parlamentaria responde a la necesidad del gobierno de mostrar una acción rápida, cualquiera sea, con tal de descomprimir la olla.
Por Bárbara Manríquez
Respecto al CAE, el proyecto de ley introduce una serie de modificaciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Recientemente, a través de cuenta de Twitter, el ministro de Educación manifestó su voluntad de agilizar y poner urgencia a la moción parlamentaria que modifica normas relacionadas a los préstamos estudiantiles, en tramitación desde noviembre de 2019. El proyecto de ley, que pasó directamente a segundo trámite luego de que quienes lo impulsaron retiraran sus indicaciones, interpreta la ley N°19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para que así la normativa sea aplicable a los créditos destinados al financiamiento de la educación superior, entre ellos el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).
Respecto al CAE, el proyecto de ley introduce una serie de modificaciones. Se elimina la norma que prohíbe al Fisco otorgar créditos con garantía estatal, habilitando así al Estado la posibilidad de emitir y administrar préstamos. Si esto llegase a ocurrir, implicaría un gasto fiscal anual de hasta $500.000 millones solo en el financiamiento de aranceles, el cual, acorde a la Comisión Ingresa –entidad administradora del CAE-, podría duplicarse al incorporar los costos de administración de las carteras que actualmente son asumidos por los bancos.
Por otro lado, la moción elimina el requisito para los deudores de estar al día en sus pagos para acceder al beneficio de reducción de cuota al 10% del ingreso. Si bien esta medida mejoraría la situación de los deudores morosos, se debe considerar que implicaría un mayor gasto fiscal anual cercano a $17.000 millones, pues dicho subsidio es financiado directamente por el Estado. Otra modificación relacionada a los beneficios que actualmente tiene el CAE es la eliminación de la imprescriptibilidad de las cuotas impagas de los deudores, sea por cesantía o por otra causal. Ingresa estima que, solo las cuotas suspendidas por cesantía, acumulan un costo de USD$90 millones.
Si bien los aspectos positivos y negativos del proyecto de ley son discutibles, tanto respecto a su contenido como a su admisibilidad –pues irroga gasto fiscal, que es una facultad exclusiva del Ejecutivo-, llama la atención que se pretenda retomar su tramitación justo en este momento. Es confuso que el Ejecutivo, mientras por un lado mantiene la promesa de condonar universalmente las deudas estudiantiles, por otro lado impulsa un proyecto de ley que será costoso para el Estado y que más bien se entendería en un contexto de incorporar mejoras al CAE, más no en un escenario donde, supuestamente, las deudas serán eliminadas.
En un contexto donde las expectativas creadas respecto a la condonación han sido peligrosamente altas, y ante la ausencia de mensajes claros respecto a qué, cómo y a quiénes efectivamente se beneficiará con esa promesa, al parecer esta repentina intención de acelerar la tramitación de la moción parlamentaria más bien responde a la necesidad del gobierno de mostrar una acción rápida, cualquiera sea, con tal de descomprimir la olla que, paradojalmente, ellos mismos han ido alimentando con expectativas.
Se esperaría que el Ministerio de Educación, en lugar de enviar señales extrañas que podrían interpretarse como una aspirina de humo para quienes estamos expectantes por conocer cuáles serán los lineamientos de su política pública, entregue claridades respecto a la promesa de condonación que permitan poner el debate sobre la mesa con seriedad y evidencia.
Bárbara Manríquez,
investigadora de Acción Educar
