De todos los defectos que ha mostrado el Gobierno de Gabriel Boric es obvio que su fracaso a la hora de combatir la violencia es su punto más débil. No por nada el actual subsecretario de Prevención del Delito reconoció que estamos en el peor momento para la seguridad desde el retorno a la democracia. Por esto, resulta preocupante que la ministra a cargo de la materia sume todos los días un nuevo chascarro a su torpe gestión. Que si un día va a La Araucanía y es recibida con balazos, que si otro da una rueda de prensa sin enterarse de un saqueo que fue noticia en todos los medios.
Pero Izkia Siches no es el único problema, el Gobierno del presidente Boric, junto con su coalición y quienes lo apoyaron con entusiasmo deben asumir la carga de su pasado reciente: celebraron y avalaron sin escrúpulo alguno la violencia que hoy tienen el deber de combatir. No solo eso, también buscaron impedir cualquier respuesta del Gobierno anterior. Este no es otro caso que se pueda resumir con la frase “otra cosa es con guitarra”, ya que no solo están pagando los costos de su inexperiencia en el Gobierno, sino también los de su irresponsabilidad cuando fueron oposición.
Si antes criticaban las querellas del Gobierno pasado, ahora son ellos mismos quienes las presentan. Ahora Boric aplica la Ley de Seguridad del Estado, cuando antes, él mismo decía que hacer cosas así, era “no entender el problema de fondo”. Súmele a eso que hace poco más de un año, Giorgio Jackson presentó una moción para derogar la Ley que ahora aplican.
Esta inconsecuencia no se queda en el Gobierno. Sin ir más lejos, Irací Hassler recién ahora condena la violencia en el Instituto Nacional, porque es alcaldesa. Cuando era concejala de oposición hacía todo lo contrario, la azuzaba y celebraba.
Se trata de la típica hipocresía de la izquierda latinoamericana que piensa que solo ellos deberían ser gobierno y que todo está permitido para recuperarlo cuando están fuera de él.
Sin embargo, el hecho de haber sido una pésima oposición no les da el derecho a ser un pésimo Gobierno. El presidente Boric está obligado a cumplir con su deber constitucional de conservar el orden público por más que esto signifique contradecir toda su trayectoria anterior en complicidad con los violentos. Debe entender que su compromiso es con Chile y no con su reprochable pasado.
