En el último tiempo el país ha sido testigo de la dura situación económica que ha atravesado la ciudadanía al respecto de alzas en el precio de productos básicos, como los balones de gas, el aceite, los materiales de construcción o los combustibles, y pese a que se estila que gran parte de estas alzas son producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, de los retiros o de la pandemia, la realidad muchas veces indica otra situación.
La especulación, el manejo de precios y en algunos casos, la colusión, son los principales factores que afectan gravemente el valor mercado de estos productos que son esenciales para el diario vivir. Es rol del Estado defender a la ciudadanía ante estos casos, pues son las grandes empresas, el retail, las transnacionales y los grupos económicos más poderosos los responsables de numerosos abusos contra el pueblo de Chile. En este contexto, es la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el servicio que está para defender el interés general de la población y para asegurar la libre competencia en el mercado nacional.
Desde mi punto de vista, el ente persecutor no ha estado a la altura de las circunstancias, donde muchas veces incluso la máxima autoridad del organismo podría tener algún conflicto de interés. Las autoridades como el ministro de Economía, Nicolás Grau, deben tomar todas las medidas necesarias y garantizar que la Fiscalía Nacional Económica sea un ente fiscalizador competente, libre de intereses personales y sea liderada por un nuevo Fiscal Nacional Económico que represente los reales principios institucionales para defender realmente a la ciudadanía.
En la actualidad, se pone en tela de juicio a esta institución y, en especial, la idoneidad de ejercicio del actual Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco Eyzaguirre, esto en virtud de su previo rol como férreo defensor del retail en juicios perseguidos en su contra por la misma FNE y sus notables abandonos de deberes durante su ejercicio. Para cumplir con su labor, la Fiscalía investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, lamentablemente, nos hemos visto enfrentados a distintas situaciones que podrían ser constitutivas del delito de colusión y, pese a esto, hemos sido testigos del silencio del ente persecutor.
A raíz del antecedente histórico familiar del fiscal, legítimamente se pueden generar dudas y suspicacias al respecto. Es hijo de Ricardo Riesco, ex embajador de Pinochet en Alemania durante la dictadura cívico-militar, hermano del ex subsecretario del Medio Ambiente en el gobierno anterior, Felipe Riesco, siendo Piñera quien nombró a ambos en sus respectivos cargos, yerno del director del Banco Vaticano, de Ultramar y de la Clínica de la Universidad de Los Andes, cuñado del gerente corporativo de GTD, entre otros altos ejecutivos.
Espero que el Gobierno a través del Ministerio de Economía pueda elegir otros liderazgos para este organismo tan relevante para el país, los consumidores, la libre competencia y transparencia de los mercados.
Karim Bianchi,
senador independiente.
