Ahora le tocó el turno a la Cancillería, específicamente a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Aun cuando salió a precisar la ministra respectiva que se trataba de un acto no vinculante; a pesar del desconocimiento del ministro Marcel, lo que más llama la atención es que esta práctica se ha ido haciendo frecuente por parte del actual gobierno, desde distintas reparticiones del ejecutivo.
¿Qué sentido puede tener –a pesar de lo simbólico que significa mayor participación popular– que muchas de las nuevas autoridades realicen consultas ciudadanas a sectores de la sociedad civil para manifestarse sobre políticas y materias bastante técnicas y específicas? Siempre y en todos los gobiernos ha habido espacio y presupuesto para asesores y consejos en fines particulares.
A su vez, muchas veces éstos pueden tener sus propias instancias de consulta o socialización, pero de ahí a que seamos consultados ampliamente para decisiones que corresponden a las autoridades libremente designadas por el ejecutivo, que a su vez ha sido democráticamente electo, me parece un exceso, así como una confusión.
Las autoridades tienen el deber de cumplir con su mandato técnico y político, lo que no requiere de consultas a la población que siempre será parcial en sus posiciones. ¿Por qué unos y no otros? ¿Con qué criterio se seleccionan a los consultados? Me parece razonable hacer participar a actores vinculados al sistema, pero de ahí a tener “cabildos” para fines técnicos, tiene más aspecto de “populismo” que de opiniones especializadas.
Las autoridades no solo deben empoderarse, sino que también tener confianza que las decisiones por erróneas que sean, les corresponden a ellos según el mandato que les dio el ejecutivo. Muchos esperamos mayor asertividad y conocimiento en las funciones correspondientes, en lugar de consultas y opiniones de personas que ya expresaron su elección a través del sufragio que emitieron.
