Gobernanza y ciudadanía: el no tan lejano caso de Sri Lanka

Sri Lanka, antiguamente Ceylán, la isla estado conocida también como la perla del Índico, está atravesando un período muy complejo, con amenaza de paralización total por falta de energía y la amenaza de una hambruna.

Un país que siempre destacó en el sur de Asia por su índices sociales y estándares democráticos está sumido en una convulsión política de desenlace incierto para sus 22 millones de habitantes. ¿Cómo se llegó a esto, impensado hace solo algunos meses?

Las razones de este colapso radican en la erosión de la gobernanza democrática, lo que a su vez repercutió en la calidad de la gestión estatal y terminó en malas decisiones y peor implementación, que derivaron en una catástrofe económica que detonó una rebelión ciudadana, la cual terminó barriendo con el gobierno.

Actualmente Sri Lanka se encuentra con un vacío de poder, con un presidente que escapó del país aparentemente sin renunciar, y un primer ministro que asumió interinamente la presidencia, pero que es altamente impopular y respecto del cual la gente está pidiendo su cabeza.

Dramáticamente el país está en quiebra, sin reservas y sin acceso a monedas extranjeras para pagar por sus importaciones. Estas incluyen comida, medicinas y combustibles.

Hace pocos días, el gobierno de Sri Lanka anunció que no tenía fondos para importar combustible y que estos apenas alcanzarían para unos días si se mantenía el nivel de consumo habitual. Así, las autoridades implementaron una prohibición a la venta de gasolina y diésel a consumidores particulares, convirtiéndose en el primer país en hacerlo desde la década de los años 70.

Esto llevó a que las autoridades pidieran a los 22 millones de habitantes que trabajaran y estudiaran desde la casa.

Todo lo anterior en un momento en el que la inflación alcanza el 55%, los centros de salud se encuentran sin insumos médicos y la comida escasea.

Pero volvamos a revisar con más detalles las causas de esta crisis.

En 2009 culmina una guerra civil que se extendió desde 1983, y que enfrentó a la mayoría cingalesa budista, contra la minoría tamil e hindú. Durante el período británico, como ocurrió en muchos dominios coloniales, hubo movimientos de población, ingresando un importante contingente de tamiles desde el sur de la India. Cuando se produjo la independencia y el subcontinente indio se dividió en tres, India, Sri Lanka y Pakistán (que en 1971 a su vez se separó en dos con el surgimiento de Bangladesh), no se concedió la nacionalidad a buena parte de esa población migrante y los cingaleses los consideraron extranjeros, lo que se tradujo en menores beneficios gubernamentales para ellos e incluso discriminación.  Esto derivó en un intento separatista de la parte norte y este de la isla, donde estaba concentrada la mayor parte de la población tamil, para unirse con la India, a cuyo otro lado del estrecho de Palk se encuentra el estado indio de Tamil Nadu.  

Entre las fuerzas tamiles destacó el movimiento los Tigres de la Liberación Tamil Eelam, un temible grupo militar que cultivó el suicido de sus miembros como bombas humanas (ellos mataron al ex primer ministro Rajiv Gandhi en 1991).

Durante todo ese tiempo hubo numerosas negociaciones para acabar con el conflicto e integrar a los tamiles plenamente a la vida nacional, pero sin resultado.

En el 2005 Mahinda Rajapaksa fue elegido presidente. Estaba determinado a acabar militarmente con la guerra civil y designó a su hermano Gotabaya como ministro de defensa. Este implementó una brutal campaña a una escala no vista hasta entonces, logrando vencer en forma inapelable a las fuerzas tamiles en 2009, con la captura del último bastión de Jaffna.

Tras la guerra, hubo que reconstruir buena parte del país y su economía. El clan Rajapaksa gozaba de gran popularidad, por lo que Mahinda fue reelecto por un segundo período, culminando en 2015.

Tras su salida, buscó mantener un lugar de influencia de primera línea, aspirando a convertirse en primer ministro, lo que generó una crisis constitucional al hacerse nombrar en ese cargo en 2018, al que tuvo que renunciar poco después.

En noviembre de 2019 fue electo como presidente Gotabaya Rajapaksa, su hermano, quien había sido ministro de defensa. Mahinda fue designado primer ministro. Se sumaron varios hijos y sobrinos de ambos como ministros y otros personeros gubernamentales. Ese año entonces, la democracia srilankesa se convirtió en un feudo familiar.

No obstante tener el control político total del país, las cosas empezaron a andar mal rápidamente en términos económicos. La isla siempre dependió del turismo como uno de sus principales fuentes de ingresos y en la Pascua de Resurrección del 2019 hubo una serie de atentados islámicos en iglesias y hoteles del país que, junto con dejar más de 300 muertos y 500 heridos, espantaron a los visitantes.

A esto se sumó un mal manejo fiscal, incluyendo proyectos de infraestructura por sobre la capacidad de pago del país y sin beneficios claros para la población, entre los que se cuentan el puerto de Hambantota que fue construido por empresas chinas y con créditos de ese país a partir del 2007, y que, al no poder pagar el empréstito, el gobierno de la isla en 2017 debió ceder las instalaciones en arriendo a China por 99 años.

La combinación de malos manejos y el deterioro económico, agudizado por la pandemia y posteriormente la invasión a Ucrania, hicieron que la población empezara a protestar, exigiendo soluciones. Rápidamente las manifestaciones se extendieron a todo el país. En mayo, el país declaró que no podía seguir pagando su deuda externa entrando en mora. Ese mismo mes, el primer ministro y hermano del presidente renunció ante la presión popular. A partir de ahí, ya sabemos el resto. El presidente debió huir mientras invadían su residencia y al primer ministro, que asumió interinamente la presidencia, le quemaron la casa y exigen su salida.

El gobierno interino declaró el estado de emergencia llamando a la unidad nacional para enfrentar la grave crisis, pero la ciudadanía parece estar harta y exige la salida de todos los que estuvieron vinculados con el gobierno de la familia Rajapaksa y que se dé una renovación total de la clase gobernante.  

El país corre el peligro de descarrilarse institucionalmente y entrar en una condición de estado fallido, con un inmenso vacío de poder y la fragmentación en función de etnias y regiones. La renegociación con el Fondo Monetario Internacional difícilmente verá resultados antes del fin de año y mientras tanto los únicos que podrían aportar recursos frescos directamente serían India y China, compitiendo por su influencia en la isla. China es quien más tiene que perder con la salida de los Rajapaksa, por la gran cercanía que existió entre ambos países bajo su mandato, pero, por otra parte, hay una tendencia natural de Sri Lanka de procurar no depender en exceso de su vecino indio, por razones históricas, incluyendo la cuestión tamil.

Más allá de cualquier susceptibilidad gubernamental del punto de vista estratégico, el país requiere de USD4.000 millones inmediatamente, solamente para cubrir importaciones básicas en los próximos meses, incluyendo la energía.

Aunque con sus particularidades propias, el caso de Sri Lanka responde a un patrón común en estos tiempos. Se intenta capturar el sistema democrático desde adentro, para una vez tomado el control de los principales órganos, proceder a hacer cambios para retener el poder.

Esto nos lleva a la importancia del sistema de pesos y contrapesos en una democracia que evite la concentración del poder y favorezca la alternancia. Una receta para ello es evitar precisamente que mayorías circunstanciales puedan rediseñar el sistema. Eso se hace más difícil con parlamentos bicamerales, un poder judicial autónomo y fuera de la tutela política, y la no reelección inmediata de los presidentes, entre otras medidas.

El caso de Sri Lanka evidencia también que la concentración del poder siempre, tarde o temprano deriva en malas políticas públicas por la falta de debate y el creciente desapego con la realidad.

Esto es asimismo un recordatorio de que hay un nivel de tolerancia ante la indolencia, inoperancia y abuso, pasado el cual hay una reacción de la población contra el gobierno que puede tener consecuencias impredecibles y que suele ser difícil de reencauzar institucionalmente.

Finalmente, este episodio refleja que, sin una fuerte cultura ética, el mejor diseño político democrático se puede deshacer con políticos inescrupulosos. Es entonces fundamental no elegir y frustrar la carrera de quienes no dan muestra de probidad ni convicción democrática.

Desde el otro lado del mundo, algunas preguntas para nuestro Chile y su definición constitucional y de rumbo: ¿Estamos asegurando el fortalecimiento del diseño democrático para no ser sometidos por una mayoría circunstancial que se pueda convertir en una minoría dictatorial?, ¿Cómo revitalizar y profundizar la ética de la función pública?, ¿Cómo recomponer la confianza entre las personas y en las instituciones?, ¿Cómo estimular una activa y constante participación ciudadana en los asuntos públicos?

La no respuesta satisfactoria a estas interrogantes nos podría llevar por el mismo camino de involución que otros países como Sri Lanka están sufriendo.