Excluidos y ausentes: ¿Qué hacemos?

La entrega de un dato esencial, trascendental para el futuro de los niños y jóvenes de este país, fue tan piola, que el número pudo haber pasado colado la semana pasada: entre 2021 y 2022 hubo 50.529 estudiantes desvinculados (el mismo eufemismo que se usa en el plano laboral para los despedidos, lo que sin ser trágica augura a los involucrados un futuro de precariedad y cesantía). El concepto “desvinculados”, en este caso, significa que estaban matriculados en 2021 y no aparecen matriculados este 2022. La cifra es 24 por ciento mayor respecto a 2019.

Los más de 227 mil, que tienen entre 5 y 24 años, son “una cifra acumulada de contexto, ya que engloba a los que dejaron el sistema educativo entre 2004 y 2021”, precisó el Ministerio, cuando se le pidió apertura de los datos que había sido exhibidos en un power point por el ministro Marco Antonio Ávila en un seminario, así como al desgaire.

Tan preocupante como los más de 50 mil que no están yendo a clases, son las tasas de inasistencia. Los que tuvieron una asistencia menor al 85 por ciento entre marzo y septiembre pasado son 1.239.330 estudiantes, cerca de un 39 por ciento de la matrícula total del sistema. Lo más grave es que el mayor incremento de las ausencias se concentra en primero y segundo básicos, seguido de la educación parvularia, con un 105 por ciento y un 87 por ciento de aumento, respectivamente.

Una subsecretaria del gobierno anterior llamó a esta etapa inicial “la verdadera educación superior”, porque efectivamente es en ese momento cuando los cerebros de los párvulos son una suerte de libro en blanco que puede llenarse de contenido o quedar semi despoblado si no se les estimula. El cerebro en esa edad temprana es una verdadera esponja, que absorbe contenidos con avidez, por eso muchos expertos afirman que la educación inicial es la mejor manera de emparejar la cancha de las oportunidades futuras, en que un niño en pobreza, pero bien estimulado, no tiene diferencias con uno de estrato socioeconómico alto.

Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, nos dijo esta semana: “Durante la pandemia alrededor más del 11 por ciento de los  niños y jóvenes de América Latina y El Caribe estuvo fuera del sistema educativo. Chile tuvo la peculiaridad de que fue uno de los países donde las escuelas estuvieron más cerradas durante los dos primeros años de la pandemia. Y ese impacto en la educación puede ser una catástrofe con efectos de larguísimo plazo”.

El analista político, académico e investigador, Daniel Mansuy, en una columna este domingo escribe sin pelos en la pluma, recordando la actitud del Colegio de Profesores y de la oposición en materia de educación durante la pandemia: “La izquierda cometió el peor de los pecados: en una disputa política, utilizó a los niños como rehenes”. Y “para peor se acentuaron las brechas, porque los más perjudicados con la jugarreta –cómo no– fueron los más vulnerables”, reflexionó Mansuy.

Negarse a abrir las escuelas fue una conducta mezquina, pero sobre todo insensata a la luz de lo que estamos viendo hoy. Por eso, debería ser “la” prioridad educativa del actual gobierno. ¿Lo es? 
El ministro ofreció mesas intersectoriales con la participación de más de 50 organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema para buscar soluciones. 
Yo dudo de las mesas, más confianza le tengo a lo que decía Mansuy: el declarado  amor e interés que proclama el presidente Gabriel Boric por la infancia, que debería llevarlo a hacer lo mejor y dedicar los recursos que requiere un tarea tan compleja como la reinserción educativa de los marginados.