La convivencia escolar y salud mental en los establecimientos educacionales chilenos se encuentra en una grave situación. De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Educación, los casos de violencia y maltrato ocurridos al interior de los colegios han aumentado en un 22% desde el año 2019. Sumado a esto, en 2022 se realizaron más de 12 mil denuncias relacionadas a problemas de convivencia escolar, de las cuáles un 63% se trató de maltrato a párvulos o estudiantes. Ante esto, el Ministerio de Educación ha diseñado distintas medidas para enfrentar los problemas de convivencia escolar, enmarcadas en el Plan de Reactivación Educativa (PRE).
Comenzando el mes de abril, es necesario preguntarse: ¿En qué estado se encuentra el desarrollo del pilar de salud y convivencia del plan impulsado por el Gobierno?
Esta semana, el Ministerio presentó detalles del programa “A convivir se aprende”, eje principal del pilar antes mencionado. Este consiste en suministrar apoyo psicosocial a comunas definidas como prioritarias, con el fin de gestionar los desafíos de convivencia y salud mental a los que actualmente se ven enfrentados los establecimientos educativos en Chile.
Entre los detalles, se menciona que el Mineduc espera casi triplicar el número de establecimientos que benefició este programa el año pasado (desde 1.141 a más de 3 mil), una medida que va en la dirección correcta. Sin embargo, no se ha especificado cómo se logrará este objetivo ni los costos específicos.
Específicamente, surgen dudas frente a diferentes aspectos. No se ha detallado cuáles son las 16 universidades con las que el Mineduc firmó o firmará convenios para desarrollar el programa, como tampoco qué proporción de los $ 250.000 MM destinados al PRE se asignarán a este proyecto. Asimismo, no se especifica cuándo comenzarán a operar las acciones de fortalecimiento de las habilidades de gestión de los docentes, cuántos docentes serán formados, o cuáles son los criterios específicos para la selección de comunas beneficiadas —se mencionan los factores que se tomaron en cuenta para la definición, pero no el peso específico de cada uno en la decisión final—.
Adicionalmente, es recomendable que se diseñe una metodología de evaluación fiscal del programa. Así, posteriormente sería posible analizar si merece la pena seguir invirtiendo en este y, de ser así, expandirlo a las 246 comunas restantes o reformularlo. Con una evaluación se podrían detectar espacios de mejora para maximizar el impacto del programa e incrementar su eficiencia.
La crisis de la salud mental y los problemas de convivencia escolar son un gran desafío. Es necesario que el Gobierno sea claro y transparente en cuanto a los esfuerzos por enfrentarlo, el modo de atacarlo y a cómo se evaluará la efectividad de las medidas. Lo anterior es clave para que estas puedan ser monitoreadas e implementadas de forma oportuna, y para que los recursos sean asignados de la manera más eficaz y eficiente posible.
