Hace unos días el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales dio un importante paso en el Parlamento, esto porque el Senado aprobó por unanimidad la iniciativa y ahora esperamos con optimismo y fe que logre sortear su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados para que se transforme en Ley. Claramente, sería un avance y un triunfo para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Esta es una buena política, y si bien uno quisiera que estas 40 horas fueran una implementación inmediata, entendemos que medir la gradualidad es parte de los acuerdos políticos, por lo que nosotros desde esa perspectiva pretendemos desde el sector público que, una vez que ya sea ley, también sea considerada una extensión para que sea una realidad para cada funcionario y funcionario público de este país, quienes actualmente no contarían con dicha reducción.
Como gremial hace mucho tiempo que venimos acompañando este proceso y es importante saber cómo se irá implementando cuando sea aprobado y entre en vigencia tanto en el sector público como privado. Es por eso que también debemos tener precaución y exponer nuestras observaciones, ya que las alertas desde el punto gremial y sindical, apuntan a que posteriormente esta norma se utilice desde la vereda patronal para aplicar extensiones de horarios disfrazados o que no se reconozcan las horas extraordinarias, el descanso o derecho a la colación, situación que se ha expuesto en muchas instancias.
Lo anterior no es algo generalizado, pero debemos poner “ojo” en estos puntos y abogar porque efectivamente se transforme en una rebaja al horario de trabajo, ya que las familias y personas que dependen de un salario esperan que se aplique de manera responsable y con una buena gestión desde el ejercicio público y de las empresas.
Una vez que se apruebe, debe implementarse como corresponde para que beneficie por igual a los trabajadores y trabajadoras, puesto que hay diversos sectores que trabajan con sistemas de turnos como la DGAC, salud, educación, minería y todo el Estado administrativo, o la misma gente que hace labores en comercio, a los cuales, en diversas ocasiones se les extienden sus jornadas de trabajo.
La implementación de una forma adecuada y no “a la chilena” es la manera de evitar transgresiones a la ley y a su espíritu. Nosotros hemos estado muy atentos y tenemos un compromiso con el Gobierno de asumir el desafío de que una vez de que este proyecto se transforme en Ley, se aborde para el sector público como un derecho, por eso esperamos que en este debate se recojan nuestras alertas y no sea un mero ajuste o un saludo a la bandera, y luego aparezcan subterfugios o reglamentos internos anexos a los contratos de trabajadores y trabajadoras.
La dignidad laboral es un derecho y no un privilegio, por lo que todos debemos hacer un seguimiento público y privado para ir monitoreando la implementación de esta rebaja de jornada para que no sea letra muerta, considerando que no todos los trabajos son iguales y debe tener sus respectivas adecuaciones.
