Hay una cantidad tan inmensa, variable y muchas veces contradictoria de datos, estadísticas y gráficos sobre el consumo de droga en Chile, que no me aventuro agregar uno más. Basta con decir que nuestro país es el consumidor per cápita número uno del continente americano y que los compradores menores de 15 años llevan la ventaja mundial. ¿Cómo puede ocurrir esto en un país en el que no hay plantaciones base de estupefacientes y apenas algún transformador en el producto final? Resulta que Chile se encuentra rodeado en su norte y noroccidente de países productores líderes y nuestras aduanas, fronteras y tecnología están muy febles para impedir el tráfico y, por lo tanto, el consumo.
Nuestro escandalosamente débil, diría apenas existente control de inmigración legal e ilegal no pasó inadvertido para el narco internacional y local y el debilitamiento de las fuerzas de orden durante los gobiernos de izquierda (y jamás corregido por los de derecha) ha sido una invitación de transformarnos en la vía más expedita tanto para la distribución mundial como el mercado nacional. Según la PDI ya en el 2011 casi 900 mil millones de pesos se gastaron en la droga en Chile. No me atrevo estimar cuánto creció esa cifra en 12 años que incluyeron eventos como el 18/10 y el Covid; pero si consideramos que una sola raya de coca se vende a 4.000 pesos y un solo gramo da para 15 rayas, se necesitan computadores especiales para determinar el monto actual. Eso genera ganancias en las distintas etapas desde producción a consumidor tan inmensas, que dejan márgenes a corromper países enteros, incluyendo sus gobiernos y fuerzas armadas y de orden.
Los delincuentes son consumidores sin excepción y los que específicamente trabajan para el narco, encima la consiguen gratis. Con la droga se pierde la conciencia, la capacidad de distinguir el mal del bien, la responsabilidad y el sentido de culpa. Los asesinatos de carabineros en el último mes testifican como se anula el miedo a la represión y el castigo; castigo que en Chile es ridículamente leve, ya sea por la actuación de la justicia, ya sea por la saturación de las cárceles. Es común leer sobre detenidos menores de edad que andan en las calles con docenas de antecedentes penales. Y en el crimen organizado sería tragicómico insinuar siquiera que el narco no ocupa lejos el lugar número uno en el planeta.
No creo que la idea que ronda hace mucho en el mundo político sobre la creación de un Ministerio de Seguridad sea acertada. ¡Tenemos 23 ministerios ya! En vez de agregar uno más, deberíamos pensar en transformar a varios ya existentes en subsecretarias y ahorrar así miles de millones en gastos administrativos de un Estado demasiado inmenso para el país que somos. Es mucho más sensata la creación de una fuerza especializada en la detección, persecución y eliminación del crimen organizado que forme parte de las policías, junto a Carabineros y la PDI y en completa coordinación con ellos y las fuerzas armadas. Un Ministerio es una organización civil, una burocracia más, un presupuesto adicional. Reduciendo la cantidad de los existentes en sí liberaría parte de los fondos necesarios para la formación de esa unidad especial, de carácter combatiente y represivo.
El tan mentado “control de armas” es un eslogan nomás; pocas o ninguna de las armas inscritas participan en el crimen excepto que sean robadas, mientras por tierra y mar entran miles y miles por la incapacidad de control, debido a la falta de tecnología y entrenamiento además del presupuesto para ponerlo al día.
