Es ya verdaderamente circense – en el sentido tragicómico – lo que el PC y el FA, encabezados por la ministra de Interior hacen para impedir que un policía, gendarme o militar apriete el gatillo en defensa propia o de la vida de otra(s) persona(s) durante una situación de enfrentamiento con cualquier atacante que evidencie esa intención.
Los detractores del texto aprobado por la mayoría del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado – y que, según todas las encuestas, la casi totalidad de la población apoya – están buscando la forma de manejar políticamente las fuerzas de orden y armadas. Quieren sembrar la duda en los miembros de las tres instituciones en situaciones de riesgo, limitar su capacidad de respuesta en cumplimiento del rol al que están designados: la protección de la población, del orden, de la seguridad ciudadana.
Desde lo que despectivamente señalaron como “gatillo fácil” quieren ir a “gatillo dudoso” o directamente a “gatillo imposible”. Imaginemos una situación concreta y pongámonos en el lugar de, por ejemplo, un miembro del PDI que se encuentra apuntando a un delincuente que está por disparar a alguien o tiene un rehén al que apunta con un arma. El policía tiene que recapacitar detenidamente si puede o no usar su pistola y, mientras mentalmente recorre el manual, el malhechor se escapa o peor aún, dispara al funcionario y/o su víctima.
Lo aprobado por el legislativo evita estas dudas, autoriza al policía actuar según el criterio que le enseñaron, al que fue entrenado: hacer uso de su autoridad, con el derecho de que siga cumpliendo su rol aún en caso de dudas; dudas que eventualmente deberán aclararse por la justicia. Pero mientras eso ocurra en una eventual situación incierta, el funcionario queda respaldado por la presunción de inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad. No es posible limitar el rol de los defensores de nuestra seguridad sembrando en ellos la duda en su actuación. En caso de incertidumbre, son los fiscales que acusarán al infractor y los jueces que dictaminarán su resolución.
No podemos tener guardianes de nuestra seguridad con dudas en nuestra defensa.
Todo indica que las piedras que ponen los y la que cito arriba, apuntan a un control político sobre las fuerzas de orden y defensa para someterlos a sus voluntades de autoritarismo, a semejanza de dictaduras de distintos colores que ya todos conocemos. No se puede entender de otra manera su insistencia de limitar la fuerza necesaria para finalmente controlar al crimen que se está realmente apoderando del país, de nuestras vidas. La tozuda, testaruda insistencia de introducir “indicaciones” (limitaciones) en lo acordado – y apoyado por casi todas y todos – no puede sino dejarnos dudar en las verdaderas intenciones de la extrema izquierda y de quienes la apoyan.
Realmente basta ya de retrasar y diluir una fuerte y decidida ley de seguridad ciudadana, porque es cada vez menos recomendable salir a las calles para ir a trabajar o simplemente caminar.Cada día es mayor la audacia y desparpajo del crimen, atacando policías y hasta comisarías, hiriendo o matando descarada y diariamente gente inocente en cualquier calle o camino.
Los detractores de la no urgente, sino inmediata necesidad de esa ley y el perfeccionamiento de las fuerzas de orden, poniendo su financiamiento en primer lugar no es contra las policías: es contra todos nosotros. Ya está bueno. Los y las que no lo entienden o no quieren entenderlo, deben irse. La sensatez debe reinar de inmediato.
